Jurisprudencia

Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de Madrid

El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de Madrid ha anulado los pliegos de condiciones del servicio de limpieza de siete hospitales de la región, como el Ramón y Cajal, el Niño Jesús o La Princesa, entre otros, “por insuficiencia financiera y por no contemplar los costes salariales recogidos en los convenios colectivos de cada uno de los centros”, además de por no incluir cláusulas sociales.

CASTILLA Y LEÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la expulsión de un ciudadano marroquí, condenado por violencia de género contra su expareja para que pueda seguir viendo a su hijo discapacitado.

COMUNIDAD VALENCIANA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de un Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE), con una discapacidad del 65 por ciento, a reintegrarse "en las mismas condiciones" en el puesto de trabajo del que había sido despedido por no superar el periodo de prueba al considerar que, en el momento del cese, estaba "perfectamente acomodado" a ese puesto de trabajo y en condiciones "idóneas" para superar el periodo de prueba.

Plena inclusión España ha presentado los resultados de su informe ‘A cada lado’, sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual reclusas o exreclusas en nuestro país.

La Audiencia Nacional ha inadmitido una demanda de Telefónica Audiovisual Digital S.L.U., titular del canal televisivo #O de Movistar+, contra una resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le requería que adoptara las medidas oportunas para que en sus emisiones ofreciera una imagen respetuosa de las personas con discapacidad, en cumplimiento de establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

TRIBUNAL SUPREMO

Se estima el recurso interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y se anula el RD 848/2017, por el que se aprueba el reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil.

TRIBUNAL SUPREMO

Confirma la Sala la denegación al actor de la aplicación de la exención regulada en el art. 7 f) de la LIRPF, solicitada con el argumento de que la pensión de invalidez reconocida en Suiza, concedida en atención a su grado de discapacidad del 100%, era homologable a la pensión de invalidez o gran invalidez del INSS.

TRIBUNAL SUPREMO

El TS resuelve si en los casos en los que un beneficiario de la Seguridad Social tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se le ha de reconocer, al amparo del art. 4.2 del RDLeg. 1/2013, de manera automática y a todos los efectos, el 33% de discapacidad, como entiende el recurrente -que tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total para su profesional habitual-, o, por el contrario, esa atribución no cabe hacerla en esa forma porque el precepto incurre en “ultra vires” en relación con autorización normativa concedida por la Ley 26/2011, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como entendió la sentencia recurrida.

TRIBUNAL SUPREMO

La Sala estima el recurso interpuesto y declara la obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, ordenada en la DF 3.ª, punto 2, del RDLeg. 1/2013, por el que se aprueba el TR de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

TRIBUNAL SUPREMO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y ha declarado la obligación del Gobierno de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a bienes y servicios públicos por las personas con discapacidad.