Estudios y comentarios

Alberto Durán

Hay datos que nos deben mover a la reflexión, que no nos pueden dejar indiferentes. Por ejemplo, el hecho de que sólo una de cada cuatro personas con discapacidad en España está actualmente ocupada.

Francisco Blanco López

La disposición final 9.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, modificó el TRLCSP, redactando de nuevo su art. 60 que regula las causas de prohibición de contratar. Se incluyó una nueva causa, en la letra d) del apartado 1, para afirmar que es causa de prohibición de contratar, en el caso de empresas de 50 o más personas trabajadoras, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de las personas empleadas sean personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 TRLGPD.

Eider Larrazabal Astigarraga

Este trabajo tiene por objeto analizar, por un lado, la importancia que el marco normativo sobre contratación pública reviste a la hora de incorporar cláusulas sociales en el marco de la contratación pública y, por otro lado, se trata de reflexionar sobre las posibilidades que ofrece la nueva regulación sobre esta cuestión a la hora de introducir tales cláusulas en las diferentes fases del procedimiento de contratación.

ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Comentario a la Resolución nº 16/2016, de 3 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que reviste interés por lo que al tratamiento de la introducción de criterios sociales en la contratación pública se refiere.

JOSE MARÍA GIMENO FELIU

La reciente STJUE 28 de enero de 2016, CASTA y otros, Asunto C-50/14, abre nuevas perspectivas a esta colaboración de entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de prestaciones a personas en los sectores sanitarios y sociales.

En este informe se analiza la posibilidad de que las entidades del Sector Público establezcan en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas la obligación de que los productos y servicios de las TIC que sean objeto de la licitación, cumplan las especificaciones técnicas y los requisitos y condiciones recogidas en la norma UNE-EN 301 459, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de contratación pública y de accesibilidad.

Bernabé Palacín Sáenz

La contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración, es además un potente inductor para la consecución de otras finalidades sociales.

Fco. Javier Biosca López y Vanesa Felip Torrent

La Administración Pública, como se entendía tradicionalmente, ha sufrido una profunda transformación, de manera que se ha pasado de un sistema en el que la prestación de servicios, el interés general, justificaba la propia existencia de la Administración, a un sistema, en el que en nombre del interés general se quiere dar la prestación de los servicios al sector privado. Se han sustituido estructuras tradicionales de gestión directa por otras indirectas, al amparo de "modernizar", y de una buscada "eficacia y eficiencia.“ El contrato es así un instrumento indispensable para la actuación de la Administración Pública.

José Manuel Martínez Fernández

La consideración en los contratos públicos de criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable ha pasado de ser una mera posibilidad para los poderes adjudicadores, a un mandato imperativo, obligatoriedad que se refuerza en el Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Esta visión de la contratación como un campo adecuado para coadyuvar las políticas sociales públicas, trasciende, de la actividad del sector público al privado, con iniciativas como el Foro de la Contratación Socialmente Responsable o la Estrategia española de la responsabilidad social de las empresas.

Teresa Velasco Portero

El despido de un trabajador en el contexto de una enfermedad es un tema conflictivo, por su posible colisión con derechos fundamentales y correspondiente nulidad. Parte de la doctrina judicial lo ha considerado nulo, mientras que la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo considera improcedente. El criterio del Supremo ha sido avalado por el Tribunal Constitucional y por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2006. Sin embargo, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2013 que reconsidera y matiza la equiparación entre enfermedad y discapacidad, ha reabierto el debate.