Estudios y comentarios

La disposición final 9.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, modificó el TRLCSP, redactando de nuevo su art. 60 que regula las causas de prohibición de contratar. Se incluyó una nueva causa, en la letra d) del apartado 1, para afirmar que es causa de prohibición de contratar, en el caso de empresas de 50 o más personas trabajadoras, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de las personas empleadas sean personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 TRLGPD.

Comentario a la Resolución nº 16/2016, de 3 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que reviste interés por lo que al tratamiento de la introducción de criterios sociales en la contratación pública se refiere.

En este informe se analiza la posibilidad de que las entidades del Sector Público establezcan en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas la obligación de que los productos y servicios de las TIC que sean objeto de la licitación, cumplan las especificaciones técnicas y los requisitos y condiciones recogidas en la norma UNE-EN 301 459, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de contratación pública y de accesibilidad.

La Administración Pública, como se entendía tradicionalmente, ha sufrido una profunda transformación, de manera que se ha pasado de un sistema en el que la prestación de servicios, el interés general, justificaba la propia existencia de la Administración, a un sistema, en el que en nombre del interés general se quiere dar la prestación de los servicios al sector privado. Se han sustituido estructuras tradicionales de gestión directa por otras indirectas, al amparo de "modernizar", y de una buscada "eficacia y eficiencia.“ El contrato es así un instrumento indispensable para la actuación de la Administración Pública.