Buenas Prácticas

CASTILLA-LA MANCHA

El Consejo de Gobierno ha aprobado dos líneas de ayudas para garantizar el empleo de las personas con discapacidad, ambas dotadas con más de 20 millones de euros. La primera de las líneas tiene que ver con la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo y la segunda se centra en la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, “de manera que seamos capaces de pasar de un empleo protegido a un empleo normalizado”, ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

MADRID

La Comunidad de Madrid está trabajando en el desarrollo de un Plan de Empleo y Discapacidad que incluirá distintas medidas orientadas a impulsar la plena inserción laboral de los trabajadores con discapacidad de la región con empleos “estables y de calidad”, tanto en el denominado mercado protegido como en empresas del mercado laboral ordinario.

CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Empleo e Industria, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), ha convocado una línea de subvenciones dirigida a las entidades locales para promover la contratación de 550 personas inscritas como demandantes desocupadas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El Pleno del Senado ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades de comprensión y comunicación del entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones a disposición o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

ANDALUCÍA

El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha informado de la colaboración de este organismo con el proyecto 'Artesanías hechas de corazón', iniciativa promovida por Funlabor que se marca como objetivo "contribuir a la salida laboral de personas con algún tipo de diversidad funcional".

La contratación pública socialmente responsable trata de lograr resultados sociales positivos a través de los contratos públicos. Afecta a un gran número de personas, ya sea como usuarios de servicios públicos, aquellos involucrados en la producción y entrega, o como personal de la organización compradora. Más allá de los directamente afectados, la contratación pública socialmente responsable tiene el potencial de influir en el mercado más amplio tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta.

MURCIA

La incorporación de las cuatro primeras personas con discapacidad intelectual a la Función Pública Regional sitúa a la Comunidad a la vanguardia del proceso de inclusión social y laboral de este colectivo. Los cuatro nuevos empleados públicos, tras superar un proceso selectivo con la mejor puntuación, desempeñarán su labor como ordenanzas en diferentes centros públicos de la Administración regional.

MADRID

La Comunidad de Madrid ha comenzado a adaptar toda la información de servicio público de su red de Metro a lectura fácil, para facilitar la accesibilidad cognitiva de la red y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión en el uso de las instalaciones.

CASTILLA Y LEÓN

El Consejo de Cuentas ha iniciado la fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la comunidad autónoma durante los ejercicios 2018 y 2019. El pleno de la institución, que ha reanudado la celebración de sesiones presenciales en el contexto del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, ha aprobado las directrices técnicas para la realización de este informe incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones 2020.

BALEARES

El Gobierno de las Islas Baleares ha autorizado a IB3, Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares (EPRTVIB), a iniciar los procedimientos de contratación de los servicios informativos, de apoyo y mantenimiento técnico de los estudios de IB3 Televisión, de operación técnica de los equipos y sistemas de IB3 Radio y de IB3 Televisión y del servicio de explotación de estudios y exteriores. Por primera vez, los contratos de adjudicación tendrán que incluir cláusulas sociales en los pliegos para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los aproximadamente 350 profesionales del ente público.