Buenas Prácticas

COMUNIDAD VALENCIANA

La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (LSCP), en 2018, impuso a las entidades locales la obligación de incorporar cláusulas sociales y medioambientales en la contratación, al exigir el empleo de al menos una condición especial dirigida a cumplir los objetivos de la contratación socialmente responsable. Con el fin de contribuir al alcance de estos objetivos, COSITAL Valencia cuenta con un convenio de colaboración a través del cual facilita la incorporación de cláusulas sociales en los contratos de aquellos ayuntamientos que lo soliciten.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha cumplido el 65% de las acciones previstas en su Marco de Actuación de Responsabilidad Social 2019-2024, según el avance publicado del Balance 2020 de cumplimiento de su Plan de Responsabilidad Social.

ARAGÓN

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha firmado este miércoles con Plena Inclusión Aragón un convenio que facilitara la lectura de sentencias judiciales a personas con dificultades cognitivas, pero también a otros colectivos como el de la tercera edad o quienes tienen problemas con el idioma.

CASTILLA Y LEÓN

El texto, que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, la provisión de puestos de trabajo y la formación en la Administración de Castilla y León, busca con esta nueva modificación impulsar la captación y retención del talento reduciendo progresivamente la brecha en el acceso al empleo público, basándose en un principio de proporcionalidad y seguridad jurídica.

MURCIA

La Consejería de Presidencia y Hacienda ha reservado 76 plazas para personas con discapacidad dentro de las diferentes convocatorias de empleo que están pendientes de publicación oficial a través de la Dirección General de Función Pública. La mayoría de estas plazas se ofertarán a lo largo de 2021, y se ciñen al personal de administración y servicios, ya que las correspondientes a educación y sanidad siguen procedimientos distintos.

La Comisión Europea ha publicado un informe que recoge 71 casos de buenas prácticas sobre cómo los compradores públicos han implementado la contratación pública socialmente responsable (SRPP por sus siglas en inglés, socially responsible public procurement), con el fin de promover oportunidades de empleo, trabajo decente, inclusión social, accesibilidad, comercio ético, diseño para todos, a la vez que se logra un mayor cumplimiento de los estándares sociales.

MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado en su Boletín Oficial (BOAM) dos convocatorias de empleo público dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual, que ofertan en turno libre 29 plazas de personal de oficios internos y otras 3 de operario de servicios generales.

ENAIRE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, Inserta Empleo y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM) han firmado un convenio con el objetivo de impulsar iniciativas orientadas a fomentar el empleo de las personas con discapacidad.

CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León ha destinado, a lo largo del año 2020, 32.171.508 euros a la integración laboral y social de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, tanto en Centros Especiales de Empleo como en empresas ordinarias y empresas de inserción y, además, se han destinado otros 961.224 euros a cooperativas y sociedades laborales

MADRID

La Comunidad de Madrid presenta un plan para la integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario. El programa está compuesto por 15 medidas que buscan la mayor implicación de las empresas en la contratación de este colectivo, que en 2019 sumaban 56.317 personas en la región.