Jurisprudencia

Se estima el recurso interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y se anula el RD 848/2017, por el que se aprueba el reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil.

El TS resuelve si en los casos en los que un beneficiario de la Seguridad Social tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se le ha de reconocer, al amparo del art. 4.2 del RDLeg. 1/2013, de manera automática y a todos los efectos, el 33% de discapacidad, como entiende el recurrente -que tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total para su profesional habitual-, o, por el contrario, esa atribución no cabe hacerla en esa forma porque el precepto incurre en “ultra vires” en relación con autorización normativa concedida por la Ley 26/2011, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como entendió la sentencia recurrida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y ha declarado la obligación del Gobierno de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a bienes y servicios públicos por las personas con discapacidad.

Declara la Sala la validez del testamento abierto otorgado por la causante antes de que hubiera ganado firmeza la sentencia de incapacitación parcial, sin la observancia de lo prevenido en el art. 665 del CC, sin haberse designado dos facultativos que respondieran de la capacidad de la testadora.