Elmundo.es – L.G. - 25.10.16

Sólo en la bolsa de interinos de Primaria en Andalucía son 96 los docentes con minusvalías que aspiran a una vacante en igualdad de condiciones que el resto del profesorado interino, cuando por ley deberían estar respaldados por la administración pública con un mecanismo de discriminación positiva. Y en Infantil «hay varios cientos de afectados», subrayan desde la asociación, que congrega a docentes también de Secundaria y formadores.

Según su portavoz, Miriam Cantos, en Andalucía no existe una regulación para el acceso de interinos discapacitados al cuerpo de maestros y profesores, tal y como se contempla en la Administración General en el decreto 93/2006 por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Se reserva el 7 por ciento de las plazas a concurso, «pero no se reservan vacantes para las personas con discapacidad» que acceden a las bolsas de sustituciones. Es decir, que aquellos profesores con minusvalías que aspiren a una de esas vacantes como interinos concurrirán a ellas sin ningún tipo de discriminación positiva.

En las oposiciones de 2016, «de acuerdo a la normativa, se hizo una reserva del 7 por ciento de las plazas para el turno de discapacidad, lo que equivale a un total de 139 plazas. Pero, al final, el 54 por ciento de esas plazas se adjudicaron al profesorado que se presentó por el turno general».

ACAP sostiene que en otras consejerías sí existen medidas de reserva de plazas interinas para discapacitados, aunque todas de implantación más o menos reciente.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública lo hace desde 2014, «acudiendo al colectivo de personal discapacitado para proceder a la cobertura de una de cada 20 vacantes». La Consejería de Justicia e Interior reguló en 2015 que del total de plazas de la bolsa se reservará el 5 por ciento para personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, el 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual, en ambos casos con grado igual o superior al 33 por ciento. Otro ejemplo es el de la Dirección General de Profesionales del SAS, que en su resolución de 21 de julio de 2010, (posteriormente modificada por la del 21 de noviembre de 2013) establece los cupos para los candidatos con discapacidad.

ACAP cuenta con el respaldo del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que emitió una resolución el pasado mayo en la que se sugería a la Junta de Andalucía la creación de un sistema de reservas de plazas de personal docente interino con discapacidad. «Según nos informó el Defensor, esta actuación se cerró con la respuesta de la Administración educativa aceptando dicha resolución. Pero las medidas adoptadas por la Administración educativa tras la citada resolución nos parecen absurdas». Un mes más tarde, en la orden de 18 de junio de 2016, la Junta decretó que el aspirante con discapacidad podía rechazar, sin que se le penalizara, la plaza que se le ofreciera. Pero, «cómo va a ser más ventajoso que podamos rechazar vacantes y sustituciones si no tenemos ninguna sustitución o vacante que rechazar porque no nos llaman». Lo que el colectivo, en definitiva, reclama es un cupo de reserva del 5 por ciento de las plazas que se oferten.