Este sistema, que además de evitar conflictos judiciales implica un compromiso con la discapacidad de la entidad que se adhiere, se establece para atender y resolver con carácter vinculante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa o judicial que en cada caso proceda.

En la reunión se dieron a conocer este instrumento y los requisitos y ventajas de la adhesión al mismo, que se recogen en el archivo que acompaña a esta noticia.