Plena inclusión reivindica las necesidades del sector de la discapacidad en la reconstrucción tras la pandemia

SERVIMEDIA 22.02.21

Así lo expuso durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados para informar sobre los retos a afrontar en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, y en la que subrayó que los niños con discapacidad del desarrollo necesitan de un soporte "intenso" de apoyos y que la atención temprana es una "herramienta fundamental".

"La pandemia ha hecho esta realidad todavía más urgente", advirtió, al tiempo que denunció la existencia de listas de espera "muy elevadas" y la exigencia de copagos "asfixiantes para las familias", y reconoció también su "preocupación" por la posible reducción o eliminación de la prestación por hijo a cargo en la "reordenación" del Ingreso Mínimo Vital.

En materia de educación y empleo, denunció que la educación de estos niños "no tiene la calidad y servicios especializados que requiere", y consideró una "prioridad" el hecho de revertir la expulsión temprana del sistema educativo de los niños con necesidades educativas especiales, exigiendo que en los planes de reconstrucción en este ámbito se asigne un "porcentaje importante para hacer realidad este plan de educación inclusiva".

En cuanto al empleo de personas con especiales dificultades de empleabilidad, llamó a aumentar la discriminación positiva en un "momento crítico", incrementando la subvención salarial al 75% y generando un "plan de rescate" de los centros especiales de empleo, y urgió a promover e incentivar el empleo con apoyo y el empleo público.

Además, llamó la atención sobre la necesidad de reorientar los sistemas de dependencia hacia la promoción de la autonomía e inclusión social, la extensión de la asistencia personal y de los apoyos en la comunidad o la eliminación del copago excesivo.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Con respecto al Ingreso Mínimo Vital, volvió a pedir el reconocimiento del grupo de convivencia especial de las personas con discapacidades del desarrollo para que sean considerados de forma independiente al grupo familiar y la compatibilidad de empleo a tiempo parcial de muy bajos ingresos con un complemento vía IMV de activación que favorezca el acceso al trabajo y a unos ingresos mínimos garantizados.

Finalmente, en materia de salud, insistió en la importancia de mejorar los protocolos de atención así como la formación del personal sanitario, la gestión de casos y de coordinación sociosanitaria o el acceso a servicios especializados, con "especial atención" a los servicios de salud mental y psiquiatría, que, dijo, "son escasos y necesitan de una especialización en unidades específicas".

En paralelo, mostró su "preocupación" por la "sobre medicación" de estas personas para el control del comportamiento y el uso de restricciones físicas y la garantía de su salud sexual, y abogó por el envejecimiento desde un enfoque "positivo y activo" y la lucha contra la soledad no deseada o situaciones de desamparo, además de la "erradicación" de prácticas como la derivación a servicios de mayores de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sin su consentimiento o el de su familia.

Acabar con la "falta de ajustes y medidas" para garantizar los derechos de estas personas en el ámbito jurídico o acabar con la falta de accesibilidad cognitiva, que no tiene reconocimiento en ninguna norma, y con la brecha digital son otras de sus demandas.

RECONSTRUCCIÓN

Pérez Sánchez dijo esperar que "pronto y de forma definitiva podamos reconstruir nuestro país desde bases sólidas que reafirmen nuestro estado social y de derecho con un sistema económico marcado por la prosperidad y sostenibilidad y que promueva plena inclusión de la ciudadanía en general".

A este respecto, reconoció que España "ha avanzado, pero la tarea no ha concluido". "Muchas de las causas estructurales y culturales permanecen operando desde un estigma que provoca expulsión y negación de derechos", alertó, consciente de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sufren con mayor frecuencia y gravedad los abusos y agresiones y constituyen un grupo "heterogéneo", que necesita de "abordajes comunes y otros más específicos" y "por encima de etiquetas, déficit, diagnósticos o prejuicios".

Como "grandes prioridades", citó el impulso en la reconstrucción teniendo en cuenta el "sufrimiento y las duras condiciones" que el colectivo experimentó durante la primera ola de la pandemia y que tildó de "verdadero drama", con más de 400 fallecimientos en los servicios residenciales de Plena inclusión.

"Las entidades están haciendo esfuerzos inmensos de afrontamiento de la crisis y necesitan de un plan de choque de apoyo", sentenció, al tiempo que agradeció el "ejemplo de valentía y abnegación" de los equipos de Plena inclusión, cuyos profesionales han "arriesgado todo" por "cuidar y apoyar a las personas".

Entre las "prioridades", hizo hincapié en la necesidad de "conquistar la ciudadanía" por parte de este colectivo con el objetivo de que se reconozca el, a su juicio, "déficit importante" que sufre a pesar de "avances" como el del derecho al voto o la eliminación de la esterilización forzosa. En este punto, denunció el "capacitacismo dominante" que "cercena" los derechos de estas personas y supone una "sobrecarga sistemática" sobre las familias de responsabilidades "que son de carácter público" y subrayó que, sin este reconocimiento de ciudadanía "plena" estas personas continuarán "en la sombra de la democracia".

Junto a ello llamó a la construcción de comunidades "para todos", convencido de que resulta "imposible incluirse si no hay dónde" hacerlo. "El barrio, la escuela, los pueblos, las empresas deben aportar y ofrecer apoyos", abundó, al tiempo que consideró "crítica" la presencia, participación e influencia del colectivo en los planes de reconstrucción y reivindicó el papel de Plena Inclusión para "construir comunidad".

Exigió un plan de inversión urgente, actuaciones tecnológicas, mejoras de los dispositivos sociales de apoyo, "compensación" por el aumento de costes de en torno al 30% a causa de la Covid-19 y políticas de precios justos que "destierren el 'low cost' social", y urgió a "capturar y retener" a los equipos profesionales con un reconocimiento salarial a los trabajadores en un sector "estratégico en los apoyos y cuidados y un actor de generación de empleo y bienestar", por lo que demandó su presencia en la "agenda de reconstrucción".

Además, hizo hincapié también en la necesidad de "estabilidad y financiación suficiente" que requiere el sector así como de articular un nuevo modelo de apoyos que supere el actual basado en diagnósticos y déficits y "cajones estanco basados en categorías trasnochadas". "Las personas tienen que tener más poder para elegir en qué necesitan el apoyo, para quién y quién debe darlo", agregó.

"El asistencialismo y las prestaciones desde una visión paternalista y de beneficencia deben ser superadas por un auténtico marco de derechos". "Las legislaciones y normativas deben ser inteligentes, dinámicas como dinámicas son nuestras vidas", añadió, para, a continuación, lamentar que los procedimientos de acceso a prestaciones son "complicadísimos y no cognitivamente accesibles" y recordar que los servicios sociales "no pueden basarse en el control y la desconfianza y sí en la promoción y el apoyo".