Eldia.es 25.11.16

Según ha informado hoy la Consejería de Empleo en un comunicado, el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, ha dado a conocer a los representantes de los centros especiales de empleo que trabajan con estas personas en Gran Canaria las novedades en estas contrataciones, en las que se primará a aquellas empresa que trabajen con personas con discapacidad.

Hernández ha destacado que las "cláusulas sociales son un hito en el sistema de contratos del Gobierno y que ahora depende de la capacidad de las empresas de inserción y de los centros especiales de empleo para poder sacar adelante esa voluntad política".

Con la inclusión de estas cláusulas, el Gobierno pretende que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que redunde en el beneficio común y el interés público, como es el caso de la inserción laboral de personas desfavorecidas.

En Canarias existen 64 centros especiales de empleo acreditados que durante el año pasado facilitaron la contratación de 2.566 personas con discapacidad.

En líneas generales, las cláusulas sociales y medioambientales permiten que el Gobierno de Canarias anteponga en sus contrataciones públicas a aquellas empresas que ofrecen mejores condiciones laborales.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Canarias, en un comunicado, ha valorado que el Gobierno autonómico haya aprobado estas directrices que regulan la incorporación de cláusulas sociales en el sistema de contratación pública.

El Cermi confía que estas directrices favorezcan realmente la promoción de la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad; que sirva para potenciar la seguridad y salud laboral; promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y para fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social, tal y como se recoge en las citadas cláusulas.

Por ello, desde el comité se espera que el Gobierno de Canarias articule "todos los mecanismos a su alcance para velar por el cumplimiento y efectividad de estas directrices".

Asimismo, insta a las diferentes administraciones públicas de Canarias a que tomen esta iniciativa como una oportunidad para dar respuesta a las necesidades de empleo de las personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad.