SERVIMEDIA 07.09.18

Según avanzaron a Servimedia fuentes gubernamentales, el Ejecutivo ha dado luz verde a este real decreto tramitado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, con el objetivo de garantizar “la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía, en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores”.

El decreto ha sido elaborado por la Secretaría de Estado Política Territorial y Función Pública, que ha preparado esta iniciativa legal en colaboración con entidades como el Cermi.

La disposición sobre accesibilidad de páginas web del sector público a la que este viernes ha dado luz verde el Consejo de Ministros busca trasladar al Derecho español la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016.

“NO DISCRIMINACIÓN”

El texto aprobado el Ejecutivo ha sido trabajado con el Cermi, mientras que el Consejo de Estado apenas introdujo cambios, sólo matices de redacción o expresión. Su aprobación supone que España incorporará en el plazo previsto la directiva europea sobre accesibilidad de webs del sector público.

El real decreto busca “que la ciudadanía tenga un acceso más amplio a los servicios del sector público, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso de todos los usuarios, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores”.

El departamento que dirige Batet considera que esta iniciativa va a tener un “impacto positivo” en materia de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con la eliminación de barreras que facilitará y garantizará el ejercicio de su derecho al acceso a las tecnologías, así como su derecho a relacionarse con las Administraciones públicas.

Asimismo, facilitará que las personas mayores con posibles limitaciones físicas derivadas de la edad (dificultades de visión, distinción de colores, dificultades de audición o de movilidad, entre otras) puedan hacer un mejor uso de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

De este modo, se garantiza el ejercicio del derecho de toda la población al acceso a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como el derecho a relacionarse con las Administraciones públicas a través de estos medios.

UNIDAD DE VIGILANCIA

El decreto establece una serie de “avances” en materia de accesibilidad, ya que aproxima las webs y aplicaciones móviles desarrolladas por las Administraciones públicas españolas a los “requisitos de accesibilidad” exigidos en Europa.

También se establece un mecanismo para que los usuarios puedan comunicar al organismo del sector público cualquier posible incumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos.

Además, permite solicitar a las personas interesadas la información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.

Se llevará a cabo un “seguimiento periódico” de la implantación de la norma mediante “gestión descentralizada”. Para ello, se crea la ‘Unidad responsable de accesibilidad’, que será la encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes.