SERVIMEDIA 02.04.15

El Cermi aseguró en este sentido que "una contratación responsable favorece la cohesión y la inclusión que son valores irrenunciables".

En un documento de propuestas articuladas al borrador de anteproyecto de ley conocido, dirigido por el Cermi a la Dirección General del Patrimonio del Estado, la plataforma de la discapacidad formula una serie de demandas que, de acogerse por Hacienda, generalizarían la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública.

El Cermi señaló que debe aprovecharse el proceso de transposición de las directivas europeas sobre contratación pública aprobadas en 2014 y que va a dar lugar a una nueva Ley de Contratos del Sector Público para "introducir de una vez en el ordenamiento español el potencial que aporta la contratación socialmente responsable, que, sin incrementar el coste de los aprovisionamiento de bienes, productos y servicios, genera bienes sociales como el empleo y la accesibilidad para personas con discapacidad".

Entre las medidas propuestas por el Cermi está la de la regulación del concierto social, una nueva modalidad de contratación pública concebida para amparar la participación de entidades sociales en la gestión de servicios de proximidad de interés general.