elperiodico.com - Gabriel Ubieto - 06.01.20

La proporción de licitaciones que incluyen algún tipo de condición de acceso se ha triplicado en el último lustro y actualmente siete de cada 10 euros que dedica la Generalitat a las contratas incluyen algún tipo de clausula social. Así lo recoge la última memoria del Departament d'Economia, referente al año 2018, que a su vez constata los efectos multiplicadores de la transposición de dos directivas europeas.

La Generalitat dedicó el pasado ejercicio un total de 1.387 millones de euros en contratas públicas para la adjudicación de la prestación de servicios, producción de bienes u obras por parte del sector privado. Y de esos 1.387 millones de euros licitados, un total de 948 millones se vehicularon mediante contratos que incorporaban algún tipo de clausula social; lo que representa el 68,4% del total del importe.  

El peso de las clausulas sociales se ha disparado en el último año y ello viene explicado por la transposición de dos directivas europeas, que entraron en vigor el pasado 9 de marzo del 2018. Una de las novedades más importantes que incorporan al ordenamiento jurídico español y catalán es la inclusión, de manera transversal a todas las licitaciones, de aspectos y cláusulas sociales y ambientales con el objetivo de fomentar la compra pública con responsabilidad social y ambiental. Es decir, concede un mayor margen a los organismos públicos para "utilizar la compra pública para impulsar objetivos sociales”, según define la directora general de Contractació Pública de la Generalitat, Mercè Corretja.

Lo que en el 2008 se incorporó de manera poco planificada en las prácticas de la administración catalana hoy constituye un recurso habitual. De hecho, el objetivo planteado por Corretja y su equipo, a falta del 'ok' definitivo de Economia, es que en el 2024 todos los contratos públicos incorporen algún tipo de clausula social. Las más habituales entre los organismos públicos dependendientes de la Generalitat (cada uno fija las suyas) en el 2018 fueron las que promovían la igualdad de género. "La sociedad cambia y las instituciones también", reflexiona Corretja.

Competencias limitadas

No obstante, la capacidad de la administración de marcar sus prioridades mediante la contratación pública tiene sus limitaciones. Un ejemplo de ello es el margen de la propia Generalitat para aplicar una de las últimas medidas que ha presentado en sociedad: el salario mínimo de referencia en Catalunya. Falto de competencias para legislar sobre un salario mínimo interprofesional (SMI), el Departament liderado por Pere Aragonés propuso que administración, patronales y sindicatos asumieran los 1.239 euros al mes como el salario mínimo de referencia.

No obstante, ni la propia Generalitat puede imponer como obligatorio dicho salario, pues ello, según la jurisprudencia europea existente, sería impugnable por cualquier empresa que se postulara al concurso. Dicho salario de referencia puede actuar como elemento que puntúe a favor de un candidato u otro a la licitación, pero no como elemento excluyente.