Efeempresas.com 13.12.16

El citado Proyecto de Ley ha incluido algunos aspectos que el CERMI considera “positivos”, aunque no recoge otros “que son muy necesarios y que forman parte de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo”, que son “precisamente las normativas comunitarias que se transponen al ordenamiento jurídico español con el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público”, según destaca en un comunicado.

Entre las propuestas que recoge el informe del CERMI se encuentra la de mantener la prohibición de que las instituciones puedan contratar con empresas de más de 50 trabajadores que no cumplan con la cuota mínima del 2% de personas con discapacidad en plantilla o en su defecto realicen acciones alternativas, aunque para que este punto sea realmente efectivo, reclama que se debería implantar un certificado obligatorio que acredite que se cumple este aspecto.

El informe explica que podrá llevarse a cabo un desarrollo reglamentario a efectos de concretar más los modos de acreditar el cumplimiento de ese requisito del 2%, que podría ser mediante una certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo, pudiendo valorarse en tal momento otros posibles medios de acreditación, ha destacado el CERMI.

El documento pone de relieve también la necesidad de facilitar información a las empresas licitadoras de un concurso público de la obligatoriedad de contratar un mínimo de personas con discapacidad, “tal y como ya se realiza con la fiscalidad, la protección del medio ambiente, el empleo y las condiciones laborales”.

Además, considera que sería necesario clarificar la redacción del artículo 150, relativo a los criterios de valoración de las ofertas, para aclarar que se da importancia a la evaluación de calidad-precio, donde se incluirían, por ejemplo, aspectos como la accesibilidad.

En líneas generales, el CERMI aboga por reforzar los aspectos sociales sobre los criterios exclusivamente económicos.

En cuanto a la reserva de contratos públicos para empresas de inserción (más de un 30% de trabajadores con discapacidad), centros especiales de empleo (más del 70%) o la ejecución de los contratos en el marco de programas de empleo protegido, el CERMI celebra que ya se recoja este punto, pero aboga por una mayor claridad fijando un porcentaje de aproximadamente el 10% del total.

Por otra parte,  resalta que es necesario excluir del acceso a las subvenciones públicas a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.

Por último, el informe subraya que la licitación de prestación de servicios sociales debe quedar fuera del ámbito de una estricta aplicación de la normativa de contratación pública.