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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que declara plenamente ajustados a la legalidad -europea y española- la reserva de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social.
El Tribunal Supremo ha avalado que las administraciones reserven parte de sus contratos públicos de manera específica a centros especiales de empleo de iniciativa social (Ceeis) tras rechazar un recurso de casación de la patronal Conacee, que representa a los centros especiales de empleo que sí tienen ánimo de lucro.
El Govern de las Illes Balears, a través de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, continúa avanzando en su compromiso de garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad. Actualmente, se dispone de un total de 550 plazas concertadas del servicio de curatela y apoyo, de las cuales 77 corresponden a la isla de Ibiza, distribuidas en diferentes modalidades de atención para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.
El Gobierno de Aragón ha celebrado una jornada de retorno para presentar el Plan de Compra Pública Socialmente Responsable (PCPSR) a las entidades y profesionales que participaron en su elaboración. El encuentro ha tenido lugar en la Sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli, donde han asistido representantes de entidades de economía social, organizaciones empresariales y sindicatos, además de órganos del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado el papel esencial de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) en el desarrollo de un modelo económico que tiene presente la justicia social, el trabajo decente y los derechos y libertades de las personas con discapacidad.
La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado en la localidad segoviana de La Lastrilla el Centro Especial de Empleo APADEFIM 2000, donde ha destacado la apuesta de la Junta de Castilla y León por estas entidades de la economía social que constituyen un instrumento esencial para la inclusión social de personas con discapacidad mediante la creación de empleo.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto que mejora la eficacia de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD), recurso público que presta ayuda a 4.663 curatelados. Esta nueva norma refuerza su estructura y organización administrativa para el desarrollo de sus competencias, diferenciando la gestión económico-administrativa la jurídica para aumentar y reforzar su capacidad de respuesta.
La Comunidad de Madrid invierte 4,5 millones de euros en ayudas para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. De la región. La iniciativa se desarrolla con una convocatoria de subvenciones a la contratación indefinida de personal para las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo (CEE) durante este año.
La Comunidad de Madrid incrementa un 46% su inversión en ayudas para la contratación de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE). El Consejo de Gobierno ha autorizado 97 millones de euros para sufragar hasta el 60% de los costes salariales de estos trabajadores con el objetivo de garantizar su integración en el mercado laboral.
El Gobierno de Navarra ha activado un nuevo servicio de interpretación en lengua de signos y subtitulado en directo en las ruedas de prensa de las sesiones de Gobierno y en otros actos institucionales. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ejecutivo foral con la inclusión y garantiza la accesibilidad informativa para las personas con discapacidad auditiva.
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