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Buenas Prácticas
El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado por unanimidad, en la sesión ordinaria de abril, impulsar "de forma urgente" un plan de formación con perspectiva de género para formar a los trabajadores municipales en el tratamiento a las personas con discapacidad, especialmente "en materias como la diversidad, conductas, praxis de actuación adecuadas y protocolos de intervención"
La Junta de Extremadura y la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de la región (Apamex) han suscrito un convenio para la adaptación de los puestos de trabajo de los empleados públicos con discapacidad física en la Administración y en sus organismos autónomos y entidades de derechos público.
El concejal de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Paradas, se ha reunido con entidades sociales, empresas de inserción y centros de especiales de empleo sin ánimo de lucro para informarles sobre la nueva instrucción de reserva de mercado que ha aprobado el Ayuntamiento gaditano y que le permite realizar una contratación pública municipal más social e inclusiva.
El alcalde de Mijas (Málaga), Josele González, y el director del nuevo Hotel Ilunion Mijas, Lucas Barreto, han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá mejorar las opciones de empleabilidad de personas con discapacidad en la localidad, que llega a pocas semanas de la próxima reapertura del establecimiento que en temporada alta puede contar con una plantilla cercana a los 45 trabajadores.
Los municipios de Madridejos, Los Yébenes y Torrijos se han adherido al Club de la Responsabilidad Social, gracias a sus políticas activas de inclusión que se han impulsado entre su ciudadanía. El Club lo impulsa la Fundación CIEES, que pertenece al Grupo de Entidades Sociales CECAP, y la Fundación Soliss.
La Universidad de Murcia (UMU) ha puesto en marcha la Oficina de Atención Social, con sede en el Centro Social del Campus de Espinardo y que nace como una plataforma cuya función principal será atender gastos de matrícula de aquellos estudiantes de grado, máster o doctorado en situación de vulnerabilidad económica o social.
El Gobierno de Navarra adjudicó de forma reservada a centros especiales de empleo, sin ánimo de lucro, y empresas de inserción social, contratos por un importe total de 2.888.738 euros en 2019, una cifra superior en un 16,7% a la facturada en 2018.
La Diputación de Bizkaia contabilizó en el periodo 2019-2020 un total de 2.783 cláusulas sociales y medioambientales en 234 contratos realizados por esta administración, "algunos de ellos contratos marco que llevan aparejada más contratación", según los datos aportados por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en las Juntas Generales de Bizkaia.
La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (LSCP), en 2018, impuso a las entidades locales la obligación de incorporar cláusulas sociales y medioambientales en la contratación, al exigir el empleo de al menos una condición especial dirigida a cumplir los objetivos de la contratación socialmente responsable. Con el fin de contribuir al alcance de estos objetivos, COSITAL Valencia cuenta con un convenio de colaboración a través del cual facilita la incorporación de cláusulas sociales en los contratos de aquellos ayuntamientos que lo soliciten.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha cumplido el 65% de las acciones previstas en su Marco de Actuación de Responsabilidad Social 2019-2024, según el avance publicado del Balance 2020 de cumplimiento de su Plan de Responsabilidad Social.
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