El miércoles, 14 de junio, se celebró en el hotel Ilunion Atrium, de Madrid, la Asamblea General del Foro de la Contración Socialmente Responsable, en la que se dio cuenta de las actividades desarrolladas para la promoción de la contratación socialmente responsable y se expusieron los objetivos y estrategias futuras.
En el marco de esta campaña, destinada a sensibilizar sobre esta cuestión y dirigida a las Administraciones Públicas, se han celebrado diferentes jornadas presenciales y seminarios web. Además del Foro CONR, en este proyecto están implicadas CEPES, FEACEM, ACECA, FEACEM MURCIA y FEACEM CASTILLA LA MANCHA, así como INSERTA INNOVACIÓN. También se cuenta con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Nacional de Administración Pública.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. De esta forma, se propiciará el impulso de la contratación pública socialmente responsable.
El Gobierno ha presentado, junto al sector social de la discapacidad, el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, un instrumento para el cambio del marco legislativo y de política pública del empleo y derecho al trabajo de esta parte de la ciudadanía, que todavía sufre tasas de inactividad y de paro mucho peores que el resto de la población.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han suscrito un convenio para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y sus familias y su reducción en el bienio 2023-2024.
El Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad se ha reunido con distintas entidades del sector asociativo en el Real Patronato de Discapacidad para darles a conocer el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad, previsto en el Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre.
El Ministerio de Justicia, que lidera Pilar Llop, ha aprobado un programa de actuación para reforzar los juzgados de primera instancia especializados en materia de capacidad de las personas, y otro para los fiscales, con el fin de que, de manera conjunta, lleven a cabo la revisión de sentencias en materia de capacidad de las personas.
En el acto se ha presentado la Guía de redacción clara. El derecho de la ciudadanía a entender: claves para redactar documentos judiciales eficaces, cuyas recomendaciones se desarrollan y concretan en el Informe de recomendaciones elaborado en 2011 por la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico; y la Guía para el uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario, con recomendaciones para avanzar en materia de igualdad.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha reunido con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, y ha visitado la sede de la institución. Tras el encuentro, el ministro ha anunciado la creación de una Unidad Especializada para personas con discapacidad, como se ha hecho con los artistas, para atender sus peticiones con funcionarios especializados.
El INAP ha sido galardonado por la Fundación Bequal en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad, alcanzando el sello Bequal y sirviendo de ejemplo al resto de administraciones.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha animado a todas las instituciones y a la sociedad en su conjunto a seguir trabajando para derribar las barreras que siguen dificultando el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y que, según ha apuntado, "no son insuperables".
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado por primera vez adaptar el texto de las sentencias para que puedan entenderlas las personas con discapacidad intelectual que se ven afectadas por el fallo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado las condiciones para garantizar el cumplimiento de la reserva del 5% de la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para centros especiales de empleo de interés social y empresas de inserción, cumpliendo así con lo estipulado tanto en la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad como en la Ley de Contratos del Sector Púbico. Ambas normas fueron aprobadas en el año 2017
La Junta de Castilla y León ha aprobado el proyecto de ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, que busca un “enfoque personalizado”, un “proyecto de vida” para las 175.000 personas con discapacidad que hay en esa Comunidad, “teniendo en cuenta sus preferencias” y para facilitar las transiciones en las diferentes etapas vitales.
La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático realizará en el segundo semestre de este año el primer proceso selectivo de empleo público que se desarrolla en Asturias para personas con discapacidad intelectual. Se trata de una oferta de seis plazas para el cuerpo auxiliar, al que se han presentado 116 solicitudes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el reglamento de las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación a través de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado la redacción en lectura fácil de una sentencia cuya demandante es una trabajadora que tiene una discapacidad intelectual y a la que la Sala de lo Social ha reconocido una incapacidad permanente absoluta.
La Conselleria de Administración Pública redactará el reglamento previsto en la ley de la Funcion Pública para regular el empleo público de las personas con discapacidad y que además de las reservas de plazas, contemplará la aplicación de nuevos procesos de selección o reconocer el conocimiento de la lengua de signos para los puestos con tareas de atención directa al público, tal y como se valora el conocimiento de otras lenguas.
El director general de Movilidad, Ignacio Maestro, recogió en la Cidade da Cultura de Santiago el premio a las Buenas Prácticas en Contratación Responsable, otorgado por la asociación Amicos al servicio de gestión telefónica del sistema de transporte público de Galicia, cuya contratación se reservó a centros especiales de empleo de iniciativa social.
Tras tres meses de trabajo, se prevén entre otras acciones concretas una inversión cercana a 1,5 millones de euros para señalética, obras y apoyo tecnológico, y la creación de un protocolo para atender a personas con discapacidad detenidas
La Consejería de Educación y Empleo ha publicado ya en formato de lectura fácil el Plan de Empleo y Discapacidad. La encargada de adaptar el texto ha sido la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura (OACEX), de Plena Inclusión Extremadura.
La agencia de noticias Servimedia ha organizado un diálogo sobre 'La contratación pública y los centros especiales de empleo de iniciativa social' para realizar balance de un proyecto que ha dinamizado la reserva de trabajo para las personas con discapacidad.
El empleo de personas con discapacidad creció un 6,7% en 2022, hasta un total de 315.850 trabajadores, tras sumar 20.022 afiliados a la Seguridad Social en el primer año de aplicación de la reforma laboral, que el sector de la discapacidad considera que ha supuesto un avance para la inclusión.
Así ocurrió durante la celebración del V Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad (EPPD) en el Hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas y que ha sido organizado por el Foro Europeo de la Discapacidad.
El Grupo Social ONCE ha presentado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, la hoja de ruta de la discapacidad para que la próxima Presidencia española de la UE tenga un marcado carácter social. Voto accesible con código QR para las elecciones europeas; Tarjeta Europea de Discapacidad; lanzamiento del Centro Europeo de Accesibilidad; o el impulso del empleo para personas con discapacidad, son algunas de las propuestas.
La Fundación Bequal ha celebrado su X aniversario en el HUB de Portalento Digital de la Fundación ONCE. Fernando Riaño, Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y poner en valor la trayectoria de la fundación durante estos 10 años.
La Comunidad de Madrid ha lanzado una aplicación móvil (App) dirigida a los más de 400.000 madrileños con algún tipo de discapacidad reconocida, que les va a permitir llevar en sus dispositivos móviles la tarjeta que acredita su condición, entre otras ventajas y funcionalidades. La nueva herramienta ya está disponible para su descarga gratuita en plataformas como App Store o Google Play con el nombre Tarjeta de discapacidad.
El Grupo Social ONCE y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha seguirán dando una respuesta integral a cerca de 300 alumnos con discapacidad visual que se encuentran cursando las diferentes etapas educativas de la enseñanza en la región gracias a un convenio que ambas entidades han firmado en Toledo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que los Centros Especiales de Empleo de la región dan una oportunidad laboral a más de 4.000 personas con discapacidad y que más de la mitad de ellos, 51, son de iniciativa social que realizan esa labor de inclusión sin ánimo de lucro.
La Fundación AEQUITAS del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Asturias han celebrado un acto para impulsar la creación del Foro Aequitas de Discapacidad de Asturias, que ha sido presidido por la decana del Colegio, María Isabel Valdés-Solís y el delegado de Aequitas en Asturias, José Luis Fernández Lozano, acompañados por el director adjunto de Fundación Aequitas, Francisco González.
Un proyecto del CENID trabaja junto a asociaciones de personas con discapacidad de la provincia de Alicante para construir una lectura fácil y simplificada de los textos publicados en las páginas webs municipales.
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Grupo Social ONCE han suscrito un acuerdo que refuerza su compromiso para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Andalucía. Con él se pondrán en marcha acciones de asesoramiento, apoyo técnico y cooperación, que facilitarán el conocimiento de pymes, micropymes y asociaciones de autónomos de la región en materia de formación y contratación de personas con discapacidad.
Unicaja Banco y la ONCE firmaron un convenio de colaboración para promover la inclusión social y financiera de las personas ciegas y con discapacidad visual a través de acciones en diferentes ámbitos orientadas a este objetivo.
Mutua Universal y la Fundación ONCE han formalizado la firma del Convenio Inserta con el objetivo de promover la contratación de personas con discapacidad en la entidad colaboradora con la Seguridad Social durante los próximos tres años.
Foment del Treball y la Fundación Mapfre en Cataluña anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración para dinamizar el proyecto ‘Juntos Somos Capaces – Junts Ho Podem Fer’, que busca apoyar a personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental fomentando su integración sociolaboral.
Alcampo finalizó el año 2022 con una tasa de discapacidad en puestos directos del 2,78%, con un total de 505 personas contratadas con algún tipo de discapacidad, y tiene el objetivo de alcanzar en el 2024 una tasa del 4%, según consta en su ‘18º Informe de Actividad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)’.
Los días 28 y 29 de septiembre se celebrará, en Córdoba, el I Congreso Jurídico Nacional Discapacidad: Apoyo a las Personas con Discapacidad en el ejercicio de su capacidad Jurídica.
El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Carlos Campo Moreno, ha desestimado el recurso de amparo formulado contra la decisión, adoptada por los tribunales del orden civil, de autorizar, a instancias del Ministerio Fiscal, la administración de la vacuna frente a la infección de COVID-19 al amparo de lo dispuesto en el art. 9.6 de la Ley de Autonomía del Paciente.
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