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Pasó el mes de marzo y con él, el primer mes de crisis del Coronavirus en España. Ya podemos hacer un balance inicial de su impacto en términos económicos y sociales, y ello incluye las reacciones y acciones del sector privado.
Las personas sordas o con hipoacusia se han quedado “fuera de juego” y el miedo y el desconocimiento se han multiplicado por mil. Además, en los hospitales no pueden contar con intérprete en la habitación así que, sin poder comunicarse, la incertidumbre y preocupación se convierte en terror.
CaixaBank ha anunciado el nuevo compromiso de la entidad con el deporte adaptado tras su reafirmación de la campaña "Inconformistas del Deporte" que creó la entidad para acompañar a los atletas paralímpicos a los Juegos de Tokio 2020.
El Patronato de la Fundación 1, un ente formado por empresarios privados y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), ha aprobado un concurso de acreedores con liquidación y el cierre del Centro Especial de Empleo con un ERE para sus 35 trabajadores, 27 de los cuales presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley por el que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía, que incluye entre sus beneficiarios a personas con otras discapacidades, además de la visual.
El Ayuntamiento de Granada ofrece un servicio telefónico específico a las personas con discapacidad durante el período de confinamiento domiciliario al que obliga la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Confederación Autismo España para desarrollar acciones en favor de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias en el ámbito judicial.
La Diputación de Cádiz ha renovado su colaboración con 24 entidades sociales, a través de subvenciones que se destinan a garantizar las estancias para la atención integral de 194 personas, con una inversión de cuatro millones de euros del presupuesto de la Institución Provincial.
El Boletín oficial del Estado (BOE) ha publicado la Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que permite expresamente las salidas del domicilio por “motivos terapéuticos” para determinadas personas con discapacidad que no pueden soportar confinamientos indefinidos en sus viviendas.
El Comité de Bioética de España, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad, sostiene que la discapacidad de la persona enferma “no puede ser nunca por sí misma” un motivo que priorice la atención sanitaria de las personas que carecen de discapacidad.
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