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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra (TCPN) atendió, desde su creación en abril de 2013 hasta el 31 de diciembre, 30 reclamaciones en materia de licitaciones públicas, lo que supone el 9,5 por ciento de las 314 licitaciones correspondientes a dicho periodo. Se trata de un órgano independiente cuyo fin es resolver en un plazo de 20 días los recursos relativos a contratos públicos, así como la adopción de medidas cautelares.
El Ministerio de Fomento ha licitado obras públicas por 2.042,8 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone más que cuadruplicar (+323%) la inversión del mismo periodo de 2013, gracias al impulso en las obras del AVE y de mantenimiento de carreteras, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha constatado que las sociedades públicas VISESA, ETS y STC incumplieron los procedimientos de contratación al tramitar como compras menores —una fórmula que permite la contratación directa o negociada sin publicidad— un total de 26 contratos que superaban el importe máximo para este tipo de expedientes y que, por lo tanto, deberían haberse sometido a concurso público.
Durante la mesa redonda ‘La dimensión inclusiva de las empresas’ celebrada en Servimedia con responsables y expertos de RSE, Enrique Galván ha señalado que el reto actual es la inclusión laboral de personas con discapacidad en la alta dirección de las empresas. Para Enrique Galván los retos son numerosos “cuando se parte de una situación de desventaja tan clara, a pesar de los avances en los últimos años”. Así, Galván explica que también es necesario superar el modelo legal en el empleo de personas con discapacidad. “Tenemos un modelo legal de promoción del empleo que necesita una revisión mucho más ambiciosa y más cercana a lo que vivimos hoy en día”, dice.
El Tribunal de Cuentas cree que los procedimientos de licitación por parte de empresas no financieras del sector público adolece de falta de transparencia, al no cumplir muchos de los requisitos establecidos en la Ley de Contratos Públicos en cuanto a la publicación en la página web de las instrucciones de contratación o la segregación de funciones entre los responsables de la valoración técnica y de la valoración económica.
Distintas organizaciones sociales que representan a los sectores de las personas con discapacidad y de empresas de inserción, así como de promoción de la responsabilidad social de las empresas y de la economía social, han reclamado este miércoles un mayor impulso normativo que permita la extensión de la contratación pública responsable entre las administraciones públicas.
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