El 10 de abril entró en vigor la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, que introduce modificaciones de gran calado en el régimen de los contratos reservados previsto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). Esta reforma consolida la contratación pública como herramienta estructural de inclusión social y refuerza la seguridad jurídica de su aplicación.
El Tribunal Supremo ha avalado que las administraciones reserven parte de sus contratos públicos de manera específica a centros especiales de empleo de iniciativa social (Ceeis) tras rechazar un recurso de casación de la patronal Conacee, que representa a los centros especiales de empleo que sí tienen ánimo de lucro.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que declara plenamente ajustados a la legalidad -europea y española- la reserva de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social.
El jueves, 19 de junio de 2025, se celebró en el hotel Ilunion Atrium, de Madrid, la Asamblea General del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, en la que se dio cuenta de las actividades desarrolladas para la promoción de la contratación sostenible y socialmente responsable y se expusieron los objetivos y estrategias futuras.
El gasto ejecutado en estos contratos socialmente responsables ha alcanzado los 10,8 millones de euros y un porcentaje real de ejecución del 6,53 %, su mayor nivel histórico. Se ha superado holgadamente el porcentaje mínimo fijado en la memoria, de 3,75 % de reserva para 2025, con un importe de 6,2 millones de euros. El gasto se ha ejecutado a través de un total de 57 contratos, de los que 42 se han formalizado con centros especiales de empleo de iniciativa social y 15 con empresas de inserción.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado el papel esencial de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) en el desarrollo de un modelo económico que tiene presente la justicia social, el trabajo decente y los derechos y libertades de las personas con discapacidad.
Óscar López ha anunciado que su departamento dedicará cinco millones de euros a proyectos de inteligencia artificial que aporten soluciones destinadas a fomentar la inclusión social, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y el impulso del emprendimiento inclusivo. "Red.es lanzará tras el verano una convocatoria de cinco millones de euros para financiar proyectos de IA que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad", ha adelantado.
Promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un nuevo canal de comunicación para personas sordas y personas con dificultades en el habla. Se trata del Servicio de Comunicación por Texto (SCT), impulsado por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas.
Esta norma pretendería establecer un marco permanente que posibilite la actualización de los precios en los contratos del sector público, en aquellos supuestos en los que se hayan producido aumentos de los costes salariales por la aprobación de nuevos convenios colectivos y/o de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional.
Entrevista a Sandra Simões, miembro del Consejo de Administración del Instituto de Mercados Públicos, Bienes Raíces y Construcción (IMPIC), publicada el 18 de diciembre de 2024 por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
El Gobierno de Aragón ha celebrado una jornada de retorno para presentar el Plan de Compra Pública Socialmente Responsable (PCPSR) a las entidades y profesionales que participaron en su elaboración. El encuentro ha tenido lugar en la Sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli, donde han asistido representantes de entidades de economía social, organizaciones empresariales y sindicatos, además de órganos del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.
El Govern de las Illes Balears, a través de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, continúa avanzando en su compromiso de garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad. Actualmente, se dispone de un total de 550 plazas concertadas del servicio de curatela y apoyo, de las cuales 77 corresponden a la isla de Ibiza, distribuidas en diferentes modalidades de atención para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.
La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado en la localidad segoviana de La Lastrilla el Centro Especial de Empleo APADEFIM 2000, donde ha destacado la apuesta de la Junta de Castilla y León por estas entidades de la economía social que constituyen un instrumento esencial para la inclusión social de personas con discapacidad mediante la creación de empleo.
La Comunidad de Madrid incrementa un 46% su inversión en ayudas para la contratación de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE). El Consejo de Gobierno ha autorizado 97 millones de euros para sufragar hasta el 60% de los costes salariales de estos trabajadores con el objetivo de garantizar su integración en el mercado laboral.
La Comunidad de Madrid invierte 4,5 millones de euros en ayudas para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. De la región. La iniciativa se desarrolla con una convocatoria de subvenciones a la contratación indefinida de personal para las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo (CEE) durante este año.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto que mejora la eficacia de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD), recurso público que presta ayuda a 4.663 curatelados. Esta nueva norma refuerza su estructura y organización administrativa para el desarrollo de sus competencias, diferenciando la gestión económico-administrativa la jurídica para aumentar y reforzar su capacidad de respuesta.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha presentado en Almería el proyecto piloto de la figura del facilitado, una herramienta pensada para garantizar la accesibilidad y la comprensión de los procesos judiciales por parte de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Este proyecto se enmarca en el Plan de Humanización de la Administración de Justicia, uno de los ejes estratégicos del Plan de Justicia de Andalucía 2023–2030, promovido por la Junta de Andalucía.
La Comunidad somete a consulta pública el nuevo decreto de procedimiento de valoración de la Dependencia para simplificar la documentación que deben de presentar las personas solicitantes y, de esta forma, agilizar el proceso de valoración. El propósito de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), es reducir los trámites administrativos y utilizar un lenguaje más accesible y sencillo para las personas solicitantes.
El Gobierno de Navarra ha activado un nuevo servicio de interpretación en lengua de signos y subtitulado en directo en las ruedas de prensa de las sesiones de Gobierno y en otros actos institucionales. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ejecutivo foral con la inclusión y garantiza la accesibilidad informativa para las personas con discapacidad auditiva.
Según se extrae de la memoria de cumplimiento del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 2023, se ha superado el mínimo fijado en el 3,5 % de reserva para 2024, con un importe de 5,8 millones de euros, alcanzando un volumen final ejecutado de 10,4 millones de euros, lo que eleva el porcentaje de ejecución real al 6,25 %. De los 48 contratos ejecutados en 2024, 32 se han formalizado en centros especiales de empleo de iniciativa social y 16 en empresas de inserción y por órgano contratante, 21 de ellos corresponden a las áreas de Gobierno y 19, a los distritos.
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, han destacado la labor de la Administración pública como promotora del empleo de las personas con discapacidad, ya sea mediante “el ejemplo” y la contratación directa o a través de la adopción de nueva normativa, el diseño y testeo de innovaciones sociales o las exigencias sociales en su contratación con proveedores.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha publicado su Memoria de Responsabilidad Social correspondiente al año 2024 cuyo contenido se ha concebido y redactado bajo el lema 'Sostenibilidad, sí, sobre todo social'.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha analizado en un informe los aspectos de discapacidad y accesibilidad de la Ley Orgánica de Eficiencia en la Justicia.
El Gobierno de Castilla-La Mancha incluirá el derecho a un deporte inclusivo y accesible en la nueva Ley de Accesibilidad Universal en la que ya trabaja. Así lo ha confirmado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, antes de participar en la carrera solidaria 'XVII Media Maratón de Azuqueca' en beneficio de la asociación Tupujume, que trabaja con personas con discapacidad.
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social destina más de 14 millones de euros a este tipo de empresas en las que trabajan personas con discapacidad. El SEF ha celebrado una jornada para ahondar en la contratación pública reservada como una herramienta estratégica para la inclusión social.
El Colegio de Registradores ha presentado una guía sobre el Registro de Bienes Muebles y un glosario de palabras jurídicas en lectura fácil editadas en colaboración de Plena Inclusión Cantabria y el Centro de Estudios Garrigues.
La Diputación de Cáceres ha recibido a seis nuevos trabajadores con discapacidad pertenecientes a las asociaciones Aspace, Down y Placeat, para impulsar su compromiso por la inclusión laboral de estas personas. En concreto, cuatro jóvenes se han incorporado a la imprenta provincial, en Cáceres, y dos al complejo Santa María de Plasencia, para prepararse para acceder al mercado laboral.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGAL) acaba de fallar a favor de una reclamación impulsada por la Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro (Cegasal), que supondrá la modificación del proceso de contratación del servicio de recogida de residuos en Sanxenxo, para ajustarse a la normativa.
Esa es una pregunta clave para las autoridades públicas que buscan incorporar la responsabilidad social en sus licitaciones. La Comunidad de Práctica (CoP) de Compras Sociales de los Grandes Compradores Trabajando Juntos visitó la empresa social Silta-Valmennusyhdistys y HOAS, la Fundación para la Vivienda Estudiantil de la región de Helsinki, y concluyó que los modelos centrados en las personas conducen a procesos más simples y humanos que facilitan la colaboración.
La forma en que las empresas viven la inclusión laboral de personas con discapacidad dice mucho de ellas, porque a través de sus acciones, las compañías no solo tienen la oportunidad de ofrecer productos y servicios, sino también de marcar un cambio hacia el progreso de la sociedad. Mientras más conscientes somos en el mundo empresarial de que no estamos aislados de la realidad social o ambiental y que formamos parte de un todo, más positivas resultan las acciones para el colectivo. Mantener una postura ante lo social, es fundamental.
l presidente de ISS, Javier Urbiola, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, han renovado el Convenio Inserta, que firmaron en los años 2011, 2014 y 2020, y que en esta ocasión supondrá la contratación de 350 personas con discapacidad en los próximos cinco años por parte de la empresa de servicios, llegando a las 1.700 contrataciones desde el inicio de la colaboración.
ACCIONA recibió el sello Bequal Plus 80 en reconocimiento a su desempeño en la gestión inclusiva y socialmente responsable de la discapacidad. Este logro refleja el compromiso de la compañía con la diversidad, la accesibilidad y la equidad. Para obtener esta certificación se evaluó su desempeño en áreas como estrategia y liderazgo, personas, accesibilidad, compras responsables y acción social.
Las matrículas de los alumnos con discapacidad en las universidades han aumentado progresivamente durante la última década, hasta superar los 22.000 estudiantes -el 1,6 % del alumnado total-, que aún tienen que enfrentarse a grandes barreras y prejuicios durante esa etapa formativa.
Decreto 94/2025, de 16 de abril, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia, su distintivo y carnet de vinculación, los centros de adiestramiento y el Registro de Perros de Asistencia de Andalucía (BOJA de 23 de abril de 2025).
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nula la extinción contractual decretada por una empresa respecto a una trabajadora por considerar que incurrió en discriminación por discapacidad, con las consecuencias inherentes de readmisión y abono de los salarios dejados de percibir.
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