
Se ha procedido a la renovación de los cargos de la entidad, resultando elegido presidente de la misma D. Fernando Riaño Riaño, en representación del asociado FUNDACION ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Su llegada a la presidencia supone un nuevo impulso para el Foro CON R, que quiere seguir siendo ese espacio de referencia en la promoción de modelos de gestión más responsables, competitivos e inclusivos. Desde esta nueva etapa, Riaño va a colaborar para que la organización refuerce su presencia institucional y su capacidad de interlocución con administraciones públicas, empresas, entidades sociales, así como con otros actores clave. “En esta nueva etapa me gustaría que las cláusulas sociales se consoliden como herramienta clave a través de la que generar impacto social, valor estratégico y competitividad”, ha señalado el nuevo presidente.
El nombramiento de Fernando Riaño representa, además, una apuesta por un liderazgo basado en la defensa de la sostenibilidad como eje de la actividad de las organizaciones, combinando visión estratégica, capacidad de gestión, y un sólido conocimiento del entorno institucional, social y corporativo.
“La contratación responsable es una herramienta clave para avanzar hacia organizaciones más sostenibles, más competitivas y comprometidas con el entorno en el que operan. Las cláusulas sociales permiten alinear la actividad económica con objetivos de inclusión y generación de valor compartido”, ha señalado Fernando Riaño tras su nombramiento.
Fernando Riaño es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA por ICADE y cuenta con formación ejecutiva en liderazgo público y defensa nacional. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los ámbitos jurídico, financiero, empresarial e internacional, con especialización en sostenibilidad, responsabilidad social, reputación, gobernanza y relaciones institucionales. Tras su paso por Barclays Bank, en 2011 se incorporó al Grupo Social ONCE, donde ha ocupado distintas responsabilidades directivas vinculadas a alianzas, RSC, comunicación y relaciones institucionales. Actualmente es director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, además de presidente de Servimedia y expresidente de Forética.
Su trayectoria combina una destacada dimensión empresarial, institucional, internacional y social. Ha sido vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos, forma parte del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español y del Governing Board del Comité Paralímpico Internacional, y preside el Comité Ejecutivo de la Alianza Internacional de la Discapacidad. Además, es deportista de alto nivel en triatlón y duatlón paralímpico, con varios títulos mundiales y copas del mundo. Es colaborador habitual en publicaciones especializadas, universidades y escuelas de negocio, autor de numerosos artículos sobre empresa y sostenibilidad, y ha sido reconocido con el premio “Joven Talento Directivo” por la Fundación Príncipe de Girona y Seeliger y Conde y como integrante del ranking “Economic Leaders for Tomorrow” del Instituto Choiseul.
De igual forma, se ha renovado la composición de la Junta Directiva que queda configurada de la siguiente manera:
FUNDACION ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, representada por D. Fernando Riaño Riaño
SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, representada por Dª Lidia Sánchez Milán y por D. Juan Tejedor Carnero.
REPSOL S.A., representada por D. Ángel Bautista Fernández.
SOCIEDAD GENERAL AGUAS DE BARCELONA S.A.U., representada por D. Felipe Campos Rubio.
ACHM SPAIN MANAGEMENT, S.L. (AC HOTELES), representada por D. Antonio Catalán Díaz.
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y representado por D. Manuel Pastor Sainz-Pardo y Dª Ana María Porras del Río.
GRUPO AUDIOVISUAL MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A.U., representada por D. Mario Rodriguez Valderas.
GRUPO ILUNION S.L., representada por D. Alejandro Oñoro Medrano.
FEDERACION EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO – FEACEM, representada por D. José Luis Martínez Donoso.
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, representada por D. Luis Cayo Pérez Rodríguez-Bueno; y Dª Cintia Fernández Gutiérrez.
SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA, representada por D. Germán Martín Casares y D. Javier Salgado Casanova.
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE LA DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030, representada por D. Jesús María Martín Blanco.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), representada por D. Francisco Díaz Latorre y D. Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda.
FCC MEDIOAMBIENTE S.A.U., representada por D. Marino Poyatos Tajuelo y D. Luis Suárez Zarcos.
CLECE, S.A., representada por D. Lamberto Fresnillo Lobo y Dª Natalia Suarez Lightowler.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL, representada por Dª Aicha Belassir Khayati.
A continuación, D. José Luis Barceló Blanco-Steger, secretario de la Asociación, presenta el "Informe de gestión: estado de situación y estrategia", dando cuenta de las actividades realizadas en el ejercicio 2025 y, particularmente, de los dos proyectos que siguen:
- El Manual de Contratación Sostenible, que encuentra su fundamento en ese principio de la contratación pública sostenible, que busca no solo obtener bienes y servicios de calidad, sino también promover valores éticos y sostenibles en el proceso de adquisición.
Sin embargo, esa declaración de principios choca con la forma en que, en ocasiones, se aplica la Ley en los procedimientos de licitación, generando ineficiencias que, en lugar de promover una contratación sostenible, la menoscaban.
Este Manual pretende, precisamente, aflorar esas ineficiencias, que generan lo que podríamos llamar una contratación con déficits de gobernanza y sostenibilidad, desvirtuando los principios de la propia normativa de contratos públicos.
Y lo hace a partir de las experiencias compartidas en un grupo de trabajo constituido por distintas administraciones públicas y empresas de especial entidad en el ámbito de la contratación pública, con propuestas de mejora dentro del marco jurídico de aplicación en la materia.
Pues bien, se informa de que la elaboración del Manual ha entrado en su fase final, en la que los diferentes asociados podrán hacer sobre el mismo las valoraciones y sugerencias que estimen convenientes para, después del verano y, una vez incorporadas esas aportaciones, pueda iniciarse su difusión entre administraciones y empresas.
- Finalmente, se apunta la conveniencia de desarrollar un proyecto similar que, en este caso, se correspondería con la elaboración de un Manual de Contratación Pública Social, definido como una herramienta práctica para promover la integración efectiva de objetivos sociales en los expedientes de contratación.
Su justificación responde a la creciente importancia que las instituciones europeas y nacionales otorgan a la utilización estratégica de los contratos públicos como instrumento para generar valor social, favorecer la cohesión social y territorial, impulsar el empleo de calidad y promover la igualdad de oportunidades.
Así, el Manual tiene por objeto ofrecer a administraciones públicas, entidades del sector público, operadores económicos y profesionales vinculados a la contratación pública una herramienta que facilite, desde una perspectiva práctica y rigurosa, la incorporación transversal de consideraciones sociales en todas las fases del ciclo contractual.
En definitiva, el Manual pretende contribuir a la consolidación de una cultura de contratación pública socialmente responsable, proporcionando a los órganos de contratación herramientas que permitan diseñar licitaciones capaces de generar valor social añadido, garantizando al mismo tiempo el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y libre competencia que informan nuestro sistema de contratación pública.
La integración de criterios sociales en la contratación pública no constituye únicamente una posibilidad jurídica, sino una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible y cohesionado, en el que los recursos públicos contribuyan de manera efectiva a mejorar las condiciones de vida de las personas, fortalecer el tejido económico y social y promover una sociedad más justa e igualitaria.
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