1. Un salto cuantitativo: el porcentaje mínimo de reserva pasa al 15 %
La principal novedad es el aumento del porcentaje mínimo obligatorio de reserva, que pasa a situarse en el 15 % del importe global de determinados contratos de suministros y servicios, cuando no exista acuerdo específico del Consejo de Ministros o del órgano autonómico o local competente.
Este incremento supone un cambio de paradigma: la reserva deja de ser progresiva para convertirse en un mínimo estructural exigible, alineado con los objetivos de inclusión social y empleo protegido.
2. ¿Qué ocurre si un contrato reservado queda desierto?
La reforma introduce una previsión expresa para un problema frecuente en la práctica:
Si no se presenta ninguna oferta admisible en un contrato reservado, el órgano de contratación deberá:
- Declararlo desierto.
- Volver a licitarlo mediante un nuevo anuncio.
- Permitir, en esta segunda licitación, la participación de operadores ordinarios.
En contratos con varios lotes, la nueva licitación deberá identificar claramente qué lotes quedan afectados, garantizando una gestión jurídica ordenada y eficiente.
3. Mejora del acceso real de las empresas de inserción
La Ley 1/2026 también adapta el régimen de las empresas de inserción para excluir del cómputo de sus ratios laborales a:
- personal técnico de acompañamiento,
- personal sustituto,
- y personas trabajadoras subrogadas por imperativo de la LCSP.
Este ajuste es clave para evitar que la propia normativa de contratación pública se convierta en una barrera de acceso a los contratos reservados.
4. Una contratación pública más social, eficaz y segura
La reforma refuerza:
- la exigibilidad jurídica de los contratos reservados,
- la coherencia normativa del sistema,
- y el papel de la contratación pública como política pública transformadora.
Desde el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, valoramos positivamente este avance, que consolida una visión estratégica y no meramente declarativa de la economía social en la contratación pública.