discapnet.es 29.03.21

Este acuerdo entre CERMI y Plena Inclusión se inscribe en los marcos de colaboración bilaterales que el CERMI establece con sus Organizaciones miembro para reforzar un aspecto destacado de la agenda política de la discapacidad.

CERMI y Plena inclusión demandan desde hace 3 años la mención explícita de la accesibilidad cognitiva en el ordenamiento jurídico español. El pasado mes de junio, el Senado admitió a trámite la reforma de la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, para incluir esa mención. Sin embargo, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos presentaron enmiendas en contra, argumentando que la accesibilidad universal, aquella que agrupa a todas las demás, atiende a las necesidades específicas que tienen las personas con dificultades de comprensión.

El ‘Posicionamiento de Accesibilidad Cognitiva’ que esta organización acaba de lanzar incorpora todos argumentos de peso para exigir a los poderes públicos que definan e incluyan la accesibilidad cognitiva en la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La postura mantenida por el CERMI y Plena inclusión se sostiene en argumentos sólidos. En España, una política de apoyo a la accesibilidad cognitiva ayudaría a que comprendieran mejor el mundo que les rodea 268.633 personas con discapacidad intelectual, 481.544 personas con problemas de salud mental y cientos de miles personas mayores con dificultades de comprensión. La propia Organización Mundial de la Salud señala que una de cada tres personas en el mundo saldrían beneficiadas por medidas de accesibilidad cognitiva.

Derecho llave

Este ‘derecho llave’ permite el acceso y disfrute de muchos otros básicos para el desarrollo vital de cualquier persona, como son la educación, la salud, el empleo, la cultura o el ocio. Desde CERMI y Plena inclusión se argumenta que la inclusión real de todas estas personas debería hacerse reconociendo específicamente la accesibilidad cognitiva por ley, lo que permitiría que se conozca, que se explique cómo cumplirla, que se pueda exigir su cumplimiento en determinadas condiciones, y que se aseguren los recursos necesarios para su implantación.

Ambas organizaciones reclaman su extensión inmediata en ámbitos como el de la información de interés público, la información administrativa (trámites, etc.), la participación en el proceso electoral, la orientación y prevención sanitaria, los apoyos educativos, el empleo público y la adaptación de puestos de trabajo, y una cultura y una tecnología más accesibles y fáciles de entender.