La Estrategia de Desarrollo Sostenible asume la dimensión inclusiva con las personas con discapacidad

soziable.es - Rocío Barrie - 28.05.21

El Pleno del Consejo de Desarrollo Sostenible (uno de los tres órganos de gobernanza con los que cuenta el despliegue de la Agenda 2030 en España, junto con la comisión delegada y la conferencia sectorial), que tuvo lugar esta semana, aprobó finalmente el dictamen de esta Estrategia 2030, que, además, ha asumido una dimensión inclusiva con las personas con discapacidad.

Una resolución que fue aplaudida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), miembro de este Consejo junto con otras entidades del sector empresarial, sindicatos, universidades, plataformas, redes ciudadanas del tercer sector y consejos, en representación de la sociedad civil organizada.

Para el Cermi, los trabajos y debates desarrollados en el marco del Consejo “servirán para enriquecer la Estrategia de Desarrollo Sostenible y reforzarán el diálogo entre los diferentes actores comprometidos con la Agenda 2030”. En este sentido, explica, el dictamen aprobado es el resultado de un consenso a partir de la diversidad de propuestas, “que han sido integradas a través de un diálogo constructivo”.

Las personas con discapacidad y sus familias son una parte importante de la sociedad, representando un 10%, con cuatro millones de mujeres y hombres y de niñas y niños junto a sus familias, que cargan con un porcentaje medio del 30% de sobrecoste para satisfacer sus necesidades vitales en vivienda, transporte, comunicación y demás servicios básicos. De ahí que el Comité propusiera “una lectura cruzada” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención de la ONU “para extraer todo su potencial inclusivo”.

Durante la celebración del Pleno de este Consejo, presidido por el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, el Cermi presentó algunas de sus principales reivindicaciones vinculadas con la interseccionalidad, que, según la plataforma, se vuelve “evidente” en subsectores “tan relevantes” como las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad mayores y la infancia con discapacidad.

Según indica la plataforma de la discapacidad, seguirá trabajando “intensamente” junto con el resto de las entidades implicadas “para incrementar la visibilidad” de la situación de las personas con discapacidad en la aplicación de la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible, además de asumir su compromiso en la colaboración de las fases de aplicación, revisión, actualización y seguimiento de la misma.

Retos Agenda 2030

Es el momento de seguir avanzando en el proceso de reconstrucción en el que estamos inmersos, donde la Agenda 2030 es la hoja de ruta imprescindible para que estos esfuerzos sirvan para construir un país más justo y sostenible.

Las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, un documento que recoge el núcleo de la Estrategia y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, especifican los principales desafíos que nuestro país tiene por delante para cumplir con la Agenda 2030 y los ODS.

Entre ellos, destacan la pobreza y la desigualdad, la emergencia climática y ambiental, la brecha de la desigualdad de género y la discriminación, las ineficiencias del sistema económico, la precariedad laboral, la crisis de los servicios públicos, la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos y la situación del medio rural, entre otros.

Todo ello teniendo en cuenta, además, el papel clave que tiene la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y que debe complementar esta identificación con el fin de garantizar su implementación integral y su transversalidad en el conjunto de acciones de todos los actores.

Así, identifica como primera política aceleradora la transición social mediante la redistribución de la riqueza y la garantía de los derechos que permita reducir los datos de pobreza y exclusión social y la desigualdad cada vez más acuciante al tiempo que garantizar una mayor igualdad de los recursos.

Estos hechos se materializan en cuestiones como el acceso a la vivienda y los suministros básicos, así como la garantía de unas pensiones dignas y un sistema de prestaciones debidamente financiado y estructurado. Y todo ello acompañado del enfoque necesario para atender a aquellos colectivos que presenten situaciones de vulnerabilidad específicas (mujeres, personas migrantes, infancia y jóvenes, población gitana, etc.).

Como segunda política aceleradora, el documento identifica el respeto a los límites del planeta ante la amenaza principal que supone el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación medioambiental. El objetivo es garantizar la necesaria transición ecológica asegurando que todas las personas y todos los territorios tenemos cabida en él.

La desigualdad de género y la discriminación es otro de los principales desafíos que existe en España. Es necesaria, por tanto, una política aceleradora que se base en asegurar y garantizar vidas libres e iguales, que aborde la discriminación en todas sus formas y en todas las áreas para asegurar un país construido sobre la igualdad.

Asimismo, otra política que se especifica es la necesidad de un nuevo modelo económico productivo, verde, digital y justo, a partir del cual se construya un sistema basado en la producción sostenible ayudado por las oportunidades de la digitalización y estableciendo la justicia social y territorial como vectores imprescindibles.  

En estos retos, cobra también especial relevancia la cuestión de la precariedad laboral. De ahí que se apueste por una política aceleradora que se centre en la calidad y la estabilidad en el empleo, con medidas tales como garantizar el establecimiento de la contratación indefinida como norma en nuestro país, salvo excepciones justificadas; asegurar la participación de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones empresariales; proteger la compatibilidad y la conciliación; y asegurar unas condiciones dignas para todos los trabajadores.

Por otra parte, la crisis sanitaria, económica y social que ha puesto de manifiesto la pandemia, en gran medida, ha evidenciado el valor imprescindible que tienen unos servicios públicos reforzados para un estado del bienestar resiliente y democrático. Esto implica dotar de recursos suficientes al sistema sanitario, a la educación, al sistema de cuidados, a la atención a la infancia y a todo el resto de servicios públicos, entre otros aspectos.

Por último, otra política aceleradora señala la necesidad de un liderazgo internacional para una globalización justa, sostenible, democrática y basada en los derechos humanos para así garantizar el refuerzo del multilateralismo democrático.

Unos retos que en la próxima década perfilarán la construcción de un país justo y sostenible.