Jurisprudencia

La reserva porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinadas a  un colectivo con graves problemas de acceso al trabajo, aplicada en este  caso por la CCAA de Canarias, no vulnera el artículo 14 CE (Principio de  igualdad), siendo por tanto perfectamente legítimo desde la perspectiva  que ahora interesa, y que además constituye un cumplimiento del  mandato contenido en el art. 9.2 CE, en consonancia con el carácter  social y democrático del Estado (art. 1.1 CE).

Consideró ajustadas a Derecho las bases de una convocatoria de plazas  contenidas en una oferta de empleo público del año 1998 de la Diputación  Provincial de la Coruña en tanto que las medidas de favorecimiento de la  integración profesional de las personas con minusvalías tiene un claro  respaldo constitucional (art. 49 CE) y legal, y no son contrarias al principio  de igualdad porque a lo que van dirigidas es a remover los obstáculos  (art. 9.2 CE) que para el acceso profesional significa en dichas personas  con minusvalía.

Se plantea conflicto positivo de competencia por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del art. 8 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 24 de julio de 2000, por la que se regulaba el procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores.

Se trata de la primera sentencia del Tribunal Supremo que considera válidos los criterios de adjudicación de carácter social. El recurso se interpuso contra un criterio de adjudicación del contrato denominado «de igualdad», que otorgaba hasta un máximo de 5 puntos sobre 100, al licitador que presentase un mayor porcentaje de personal femenino fijo en el total de la plantilla.