Consideró ajustadas a Derecho las bases de una convocatoria de plazas  contenidas en una oferta de empleo público del año 1998 de la Diputación  Provincial de la Coruña en tanto que las medidas de favorecimiento de la  integración profesional de las personas con minusvalías tiene un claro  respaldo constitucional (art. 49 CE) y legal, y no son contrarias al principio  de igualdad porque a lo que van dirigidas es a remover los obstáculos  (art. 9.2 CE) que para el acceso profesional significa en dichas personas  con minusvalía.