Letonia

SOBRE LA DISCAPACIDAD

Regulación

No existe una ley específica de no discriminación por motivos de discapacidad. El artículo 91 de la Constitución (Satversme) establece que todas las personas en Letonia son iguales ante la ley y los tribunales, y los derechos humanos se realizarán sin discriminación de ningún tipo

Las normas de no discriminación están incluidas en varias leyes, políticas y estrategias nacionales. La Ley de Seguridad Social (1995) identifica la igualdad de acceso a los servicios sociales y la protección legal. La Ley de gobiernos locales (1995) establece las disposiciones generales y la base económica para las actividades de los gobiernos locales de Letonia. De acuerdo con la Ley de Protección de los Derechos del Niño (1998), el Estado garantizará los derechos y libertades de todos los niños sin discriminación alguna. La Ley determina que un niño con discapacidades físicas o mentales también tiene derecho a todo lo que sea necesario para la satisfacción de sus necesidades especiales. La Ley de educación (1998) establece que todo ciudadano de la República de Letonia y toda persona que tenga derecho a un pasaporte de no ciudadano emitido por la República de Letonia, toda persona que haya recibido un permiso de residencia permanente, así como los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea que han obtenido un permiso de residencia temporal y sus hijos tienen el mismo derecho a adquirir educación, independientemente de su estado de salud.

Después de la ratificación de la Convención de la ONU el 12 de octubre de 2009, el Gobierno (el Gabinete de Ministros) aprobó documentos de planificación de políticas para ciertos períodos de tiempo. El 21 de noviembre de 2013, el Gobierno (el Gabinete de Ministros) aprobó las Directrices para la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2014-2020 que definen los principios básicos de la política de discapacidad resultantes de los principios básicos de la Convención. El 15 de diciembre de 2015, el Gobierno aprobó el plan de implementación 2015-2017 de las Directrices para la implementación de la CRPD de la ONU 2014-2020, y el 12 de diciembre de 2018, el Plan de implementación 2018-2020. En ambos documentos se establecen medidas específicas para alcanzar los objetivos definidos en las Directrices.

El primer plan de acción para la aplicación del Convenio 2010-2012 fue adoptado por el Gobierno en octubre de 2009. El plan de acción en general incluye actividades a corto plazo sin financiación adicional o con el apoyo de los fondos estructurales de la UE. Una de las tareas fue la elaboración del programa de implementación de la Convención para 2013-2019. El 21 de noviembre de 2013, el Gobierno (el Gabinete de Ministros) aprobó las Directrices para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 2014-2020. Las Directrices señalan que, a pesar de que en 2009 el Gobierno aprobó el primer Plan de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todavía hay muchas personas con discapacidad que no han podido ejercer sus derechos en áreas definidas por la Convención de la ONU. El 15 de diciembre de 2015 el Gobierno aprobó el Plan de Implementación para 2015-2017, donde se establecieron medidas específicas para alcanzar las metas definidas. La educación, el trabajo y el empleo, la protección social y la conciencia pública se establecieron como áreas prioritarias en el ámbito de la política de discapacidad para 2015-2017. El 12 de diciembre de 2018, el Gobierno aprobó el Plan de Implementación para 2018-2020. El objetivo del plan es promover la implicación de las personas con discapacidad en diversos ámbitos públicos. Las principales líneas de acción son la educación (en particular, el acceso a la educación superior), el empleo inclusivo, la protección social (obtener servicios más eficientes en función de las necesidades de las personas) y la conciencia pública (reducción de estereotipos, acceso a las elecciones).

El 21 de febrero de 2019 el Gobierno aprobó el Informe informativo “Evaluación intermedia de las Directrices para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 2014-2020”. La conclusión principal es que "queda mucho por hacer para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, un futuro económicamente independiente, un cambio de estereotipos en la sociedad y una mejor comprensión del papel de las personas con discapacidad en la sociedad". La implementación de las actividades incluidas en el plan 2014-2017 conduce al fortalecimiento de la educación inclusiva, se han desarrollado medidas de empleo subsidiado, se están realizando cambios en el sistema de discapacidad, pasando del modelo médico al enfoque de derechos humanos. Algunos de los resultados esperados para el emprendimiento social y la institucionalización no se han logrado ya que la implementación de estas medidas está en proceso, algunas de las medidas perdieron su actualidad.