Estonia

SOBRE LA DISCAPACIDAD

Regulación

La Constitución de Estonia proporciona el marco general para las personas discapacitadas, declarando en la Sección 28 que las personas con discapacidad estarán bajo el cuidado especial de los gobiernos estatales y locales. El Ministerio de Asuntos Sociales de Estonia es responsable de la elaboración de un plan de desarrollo sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la garantía de recursos a nivel estatal. El Canciller de Justicia resuelve las controversias por discriminación que surgen entre personas de derecho privado, sobre la base de la Constitución y otras leyes. También actúa como Defensor del Niño y, desde 2019, también supervisa la implementación de la UNCPRD en Estonia. El Comisionado de Igualdad de Género e Igualdad de Trato es responsable de la aplicación del principio de igualdad e igualdad de trato.

La Ley de Igualdad de Trato se circunscribe al empleo, la orientación profesional, la formación y la afiliación a organizaciones profesionales. Se prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en las condiciones de acceso al empleo, el trabajo por cuenta propia u ocupación, incluidos los criterios de selección y contratación y los ascensos. También se prohíbe la discriminación al celebrar contratos de trabajo o contratos para la prestación de servicios, nombramiento o elección de cargos, establecimiento de condiciones laborales, impartición de instrucciones, remuneración, terminación o cancelación de contratos laborales o contratos de prestación de servicios y despido del trabajo. La discapacidad no debe ser un impedimento en el acceso a la orientación profesional, la formación profesional, la formación profesional avanzada, el reciclaje y la experiencia laboral práctica, así como en lo que respecta a la pertenencia a una organización de empleados o empleadores, incluida una organización profesional, y la concesión de beneficios por tales organizaciones. Como se señaló anteriormente, los empleadores también están obligados a proporcionar ajustes razonables en las condiciones previstas en esta ley.

El Ministerio de Asuntos Sociales está preparando cambios en la legislación para ampliar la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad a otras áreas, como la educación y el acceso a bienes y servicios.

La aplicación de la Ley de Igualdad de Trato es supervisada por el Comisionado de Igualdad de Género e Igualdad de Trato, que es un experto independiente e imparcial. El Comisionado asesora al público sobre la presentación de una denuncia por discriminación y ofrece opiniones sobre supuestos casos de discriminación sobre la base de denuncias presentadas o por propia iniciativa del Comisionado.

En junio de 2016, el Gobierno adoptó un nuevo 'Plan de Bienestar Social para 2016-2023' que establece una estrategia clara de política social, incluso en el ámbito de la discapacidad. El plan de desarrollo une todas las estrategias de bienestar social anteriores bajo un mismo paraguas y tiene como objetivo obtener una alta tasa de empleo y una vida laboral larga y de buena calidad, y una mejor inclusión social a través de la disminución de la desigualdad social, la pobreza y la desigualdad de género. Se han establecido subprogramas especiales relacionados con el empleo y el medio ambiente de trabajo, la protección social, el bienestar social, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. Metas especiales para reducir la pobreza absoluta entre las personas con discapacidad y aumentar la provisión de servicios de atención comunitaria en comparación con la atención institucional.