En el Reino Unido se aplicaba un régimen de preferencias, el «Priority Suppliers Scheme» (régimen de proveedores prioritarios), destinado a fomentar el empleo de los discapacitados mediante la asignación de contratos de suministros gubernamentales y con arreglo al cual ciertas empresas inscritas en una lista podían presentar una segunda oferta para nivelarse con la oferta más baja, ventaja con la que no contaban los licitadores análogos de los demás Estados miembros. Este régimen se derogó con motivo de las negociaciones de la Directiva codificada 93/36/CEE y se sustituyó, en noviembre de 1994, por un régimen conforme al Derecho comunitario, el «special contract arrangement». El acceso al sistema se ha hecho extensivo a todos aquellos que empleen a discapacitados en la Unión y el recurso al mismo se limita a los contratos de importe inferior a los umbrales previstos.
Cabe reseñar que Reino Unido se sitúa a la cabeza de países en lo referente a implementación de la Responsabilidad Social Corporativa, donde la totalidad de sus empresas llevan a cabo la elaboración de informes sobre la materia.
En el marco de las políticas de apoyo al tercer sector, el Gobierno británico encargó en 2006 un proyecto en torno a las cláusulas sociales. Cuatro eran sus objetivos: conocer las experiencias desarrollada en aquel país e identificar las buenas prácticas, clarificar las ventajas y costes de las cláusulas sociales, impulsar su uso mediante plantillas y guías, y probar su validez en organizaciones concretas. Este informe da cuenta de los resultados alcanzados, que evidencian el largo camino que deberán recorrer las cláusulas sociales en el Reino Unido hasta generalizarse.
Reino Unido aprobó en 2006, un programa para la contratación pública sostenible, que a partir de 2007 se ha redenominado contratación pública responsable con el objetivo de poner de manifiesto la importancia tanto de los objetivos sociales como de los medioambientales.
Respecto de Irlanda del Norte, el programa de Gobierno, presupuesto y estrategia de Inversión, aprobada por el Parlamento, en enero de 2008, reconoce que el procedimiento de contratación pública constituye una herramienta idónea para la consecución de objetivos sociales y de igualdad. Por lo que es preciso buscar oportunidades para promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades en los procedimientos contratación publica de infraestructuras.
El 19 de noviembre de 2008, el Comité de la Asamblea de Hacienda y Personal (CFP) acordó los términos de referencia para una investigación sobre las prácticas de contratación pública en Irlanda del Norte. Estos incluían una referencia a la aplicación de cláusulas sociales en los contratos públicos. Este documento proporciona una visión general del uso de cláusulas sociales para ayudar al Comité de OFMDFM (el Comité del Primer Ministro y Viceministro Primero) contribuir a la investigación de la CFP.