Foro de la Contratación Socialmente Responsable

Visita de Zapatero al Congreso para hablar de contratos públicos

EFE 22.02.17

Zapatero ha comparecido en calidad de presidente del Foro de Contratación Socialmente Responsable (Foro CON R) que dirige desde diciembre de 2016, según han explicado fuentes parlamentarias a Efe.

La visita del expresidente del Gobierno no ha sido anunciada en el calendario diario del Congreso y se produce después de que el pleno de la cámara baja haya aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate bancario entre los años 200 y 2015, que incluye las legislaturas de José María Aznar (1996-2004) y de José Luis Rodríguez Zapater (2004-2011).

La visita de Zapatero se ha producido de forma discreta e incluso algunos portavoces desconocían su comparecencia y a su llegada ha eludido hacer declaraciones.

La última vez que Zapatero estuvo en el Congreso fue el pasado 19 de diciembre en un acto de homenaje que recibió con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia.

Fuentes de la Comisión de Hacienda han señalado a Efe que el presidente de esta comisión, el socialista Antonio Pradas, había convocado a Zapatero a una reunión de Mesa y Portavoces para que expusiera la visión del Foro CON R después de que se haya iniciado la tramitación del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público tras haberse rechazado una enmienda a la totalidad planteada por Unidos Podemos.

Este Foro CON R nació en julio de 2010 con el impulso de la Fundación ONCE y el Comité Español de Representación de personas con discapacidad (CERMI) con la finalidad de promover el empleo de los discapacitados a través del fomento de la contratación socialmente responsable.

La Ley de Contratos del Sector Público, cuyo trámite de enmiendas empezará próximamente, pretende garantizar que las contrataciones públicas se realizan con transparencia, eficiencia, libre competencia, de forma más simplificada y más sensible con la sociedad y el medioambiente.

Se trata de un proyecto de ley que afecta a los más de 125.000 contratos anuales que materializan las administraciones en España (el 10 % del PIB) e incluye medidas para atajar los altos costes de los contratos y posteriores modificaciones al alza, entre otras cuestiones.