levante-emv.com - Mónica Ros - 12.05.19

«Este plan debería reconocer el acceso universal de todos los ciudadanos con discapacidad a los derechos y servicios ciudadanos y sociales, como derecho subjetivo, y considerar el apoyo y la financiación de las entidades del movimiento de la discapacidad, esenciales en la promoción de sus derechos y en el apoyo activo a las personas con discapacidad y sus familias», aseveran.

Además, como apoyo a este plan, el Cermi propone: «La creación de un consejo municipal de personas con discapacidad, órgano paritario de encuentro y debate sobre las políticas públicas de discapacidad entre la corporación local y el sector de la discapacidad del municipio o provincia; y la incorporación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias a los órganos de participación que existan en la corporación local con los que la discapacidad tenga una conexión directa (educación, sanidad, empleo, urbanismo y edificación, vivienda, transporte, bienestar social, consumo, ocio, nuevas tecnologías, mujer, etc.)

El empleo es uno de los principales problemas del colectivo. Por eso, el Cermi también propone la aprobación y puesta en práctica de un Plan Local de Promoción de la Formación y Empleo de las personas con discapacidad, con al menos las siguientes medidas: «Inclusión de oficio en todos los pliegos de contratación administrativa de cláusulas sociales que prioricen a las empresas licitadoras que hagan esfuerzos de responsabilidad legal y social contratando personas con discapacidad».

Eso implica, por ejemplo, «la no aceptación a los procedimientos de licitación pública de empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la cuota legal de reserva del 2 % a favor de personas con discapacidad o la reserva de al menos un 6 % de los contratos públicos municipales (o provinciales) que licite la Corporación a empresas de empleo protegido (Centros Especiales de Empleo) de personas con discapacidad.

Planes en colaboración

El Cermi exige un análisis del grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en las Administraciones Públicas y un «compromiso para alcanzarla a lo largo del mandato de la corporación del 5% al 7%, así como adoptar medidas de reserva específicas para personas con discapacidad intelectual».

Por último, también destaca la puesta en marcha de un plan local de Promoción de la de la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, debatido y negociado con las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.