elmundo.es 27.04.20

Estamos ante el primer despido colectivo de personas con discapacidad durante el estado de alarma.

La sentencia se dictó por mayoría el pasado 7 de abril, cuando España llevaba ya 25 días sin poder salir de casa. Hoy, los representantes del Ayuntamiento y de la plantilla empezarán a negociar las condiciones de un despido absoluto sospechado desde hace tiempo.

El Centro Especial de Empleo (CEE) nació en 2011 como espacio dedicado al empaquetamiento de productos farmacéuticos y de perfumería. Nueve años y muchos vaivenes después, alberga a 35 empleados que no cobran su salario desde febrero y que aún no saben cuándo ingresarán una indemnización o el subsidio de desempleo.

La historia del final de esta experiencia integradora depende de quién la cuente: para la plantilla es la demostración de una "falta de ética pública" y para el Ayuntamiento "la única salida que quedaba tras años de intentos para reflotar y salvar el centro".

El acta del Patronato de la Fundación del 7 de abril refleja el debate que se vivió ante la muerte anunciada del CEE.

Como presidente del Patronato, el alcalde socialista, Javier Rodríguez, expuso que la deuda hipotecaria con Bankia por el edificio ha sido imposible de renegociar, que todo ingreso futuro que se obtuviera iría directamente a esa entidad bancaria, que ninguna otra fundación ha querido asociarse, que las pérdidas seguían produciéndose, que un ERTE vinculado al Covid-19 sería un fraude de ley y que la mejor solución para los trabajadores y los propios patronos era un concurso de acreedores y un ERE para que los empleados cobraran el paro. Todos esos argumentos fueron apoyados por Ciudadanos, que apoya al gobierno del PSOE en la ciudad, los empresarios y el sindicato UGT.

Al otro lado, el PP y Unidas Podemos apoyaron un plan de viabilidad elaborado por el abogado de los trabajadores, Luis Suárez Machota, que pedía la contratación de un director comercial y planteaba un ERTE de dos meses para negociar con los acreedores mientras se acometía una reestructuración de la plantilla. Apostaron por un incremento en los presupuestos municipales, suscribieron la petición de los trabajadores para que el Ayuntamiento adquiriera el edificio y lo cediera en arrendamiento a la Fundación y alegaron que el CEE "no es un negocio, sino una obligación constitucional de integración social".

En el último uso de la palabra, el alcalde insistió en la negativa de Bankia a renegociar la cuota hipotecaria y aseguró que "los fondos públicos no deben pagar la deuda con un banco antes que a los trabajadores".

Hoy, 20 días después de aquella votación, el horizonte es el paro. Y quién sabe si empleos futuros de la mano del Ayuntamiento y de algunos empresarios de la zona.

Lola Zayas tiene 61 años, convive desde niña con una discapacidad física, es la jefa de almacén y lleva en el CEE desde el primer día. "Lo siento como un hijo. Aquí he visto crecer como personas a chicos y chicas que ni siquiera salían de su casa, gente encerrada en sí misma que ahora tiene una vida social y que será condenada otra vez al aislamiento. Estamos hablando de personas que cobran el salario mínimo y en muchos casos sólo tienen ese ingreso".

Zayas cuenta que hasta 2015 la situación económica del centro era buena, algo que contradicen fuentes del Ayuntamiento. A partir de aquel año, el balance es irregular. Según un reciente informe de la Intervención General Municipal, la comparativa de ingresos y gastos del CEE arrojó un saldo negativo en 2015 (63.555 euros), 2016 (329.864) y 2019 (62.018) y positivo en 2017 (154.390) y 2018 (91.569).

En la tesis de Zayas, que llegó a ser jefa de producción, la pérdida de clientes se produjo por una mala gestión, aunque durante algunos de los últimos años no se arrastraran pérdidas. "La Fundación no tiene afán de lucro, es un bien social. Lo que pensamos es que hay un interés detrás para hacerse con el edificio y crear en la zona un gran proyecto industrial".

Control de la gestión

Una de las voces más combativas es la de Luis Sánchez Machota, un abogado experto en la defensa de trabajadores. "Hemos planteado el nombramiento de un director comercial y que la Fundación sea un órgano de gestión mercantil en el que el Ayuntamiento controle la finalidad del centro, que es la promoción laboral de los discapacitados, y no que sea el que controla los actos de gestión mercantil, porque eso no tiene sentido en una fundación privada con capital público. Hemos presentado una reestructuración de la plantilla en la que los fijos a jornada completa pasaran a ser fijos discontinuos. Y hemos planteado un ERTE de dos meses para negociar la reestructuración de la empresa, porque el estado de alarma no suspende el Estatuto de los Trabajadores y la Fundación puede alegar perfectamente que esta situación perjudica aun más su futuro".

-¿Y qué ha pasado?

- Que ni lo han considerado. Aquí hay un interés en eliminar la Fundación. Desde enero de 2017 no hay dirección. Y ahora se ejecuta un cierre donde no hay ni pago de salarios adeudados, ni propuesta de indemnización, ni plan de futuro. Sólo un curso de jardinería. Han cerrado el centro en pleno estado de alarma para evitar que los trabajadores protesten colectivamente y que les pague el FOGASA.

Al otro lado de todo esto están el Ayuntamiento y los empresarios. Fuentes municipales cuentan que la situación económica del CEE es insostenible desde el verano pasado, que el mercado se ha hecho tan competitivo que es inalcanzable, que ni otras fundaciones ni Bankia han supuesto una solución y que un ERTE vinculado al Covid sería fraudulento y acarrearía responsabilidades a los patronos e incluso un perjuicio para los trabajadores porque tendrían que devolver el dinero de los sueldos pagados por el Estado.

Javier Rodríguez, alcalde desde 2015, expone sus razones: "La Fundación tuvo problemas desde el principio. Cuando llegamos al Ayuntamiento y al Patronato tratamos de reflotar el centro, pero a mediados del año pasado el deterioro se acrecentó. Hemos negociado la hipoteca y hemos buscado socios, pero ha sido imposible. En diciembre instamos un preconcurso de acreedores, que ya evidenciaba la mala situación y cuyo plazo final ha coincidido con la pandemia. A mí me duele todo esto, porque hemos luchado por este centro durante muchos años. Pero no ha quedado más solución que el concurso y la extinción".

-¿Y que va a pasar?

-Con el apoyo de los patronos privados, el Ayuntamiento va a intentar distribuir a los trabajadores con discapacidad en otros empleos. De momento, vamos a ofrecer un curso de formación en jardinería porque entendemos que hay posibilidades de recolocación en proyectos futuros.