Meritxell Batet cree que la igualdad de las personas con discapacidad “no es una opción política, es un mandato constitucional”

discapnet.es 02.04.19

Así lo ha indicado durante su intervención en el Desayuno por Talento ‘La inclusión social en las políticas municipales’, organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, donde ha defendido que el derecho a disfrutar de la ciudad a través de la accesibilidad “es un postulado universal”.

La ministra ha destacado que durante los últimos 50 años se ha avanzado mucho “gracias al impulso de la ONCE y de la sociedad civil, que se han organizado y han puesto estos temas encima de la mesa para lograr una sociedad más tolerante con las necesidades de los ciudadanos”.

Batet ha comentado que las administraciones públicas están “al servicio de esas necesidades de la mayoría de ciudadanos, en especial de los más vulnerables”, cuyos derechos “hay que proteger para superar sus discriminaciones”, ha dicho, al tiempo que ha abogado por establecer un marco normativo “para luchar contra ella”, además de “velar por las normas en todos estos ámbitos, actuando ejemplarmente en el ámbito de la función pública para demostrar la igualdad”.

La responsable de Política Territorial y Función Pública ha subrayado que las situaciones de vulnerabilidad “no van solas”, porque las personas con discapacidad “sufren otras discriminaciones”, señalando que dicha discriminación “se acentúa en el ámbito de la violencia de género”, por lo que, a su entender, “hay que seguir avanzando y no dejando a nadie atrás, promoviendo la igualdad efectiva y los avances”.

ELECCIONES

Batet ha valorado, asimismo, que el derecho a voto que ejercerán este año por primera vez más de 100.000 personas con discapacidad en España “dignifica a toda la sociedad” y ha manifestado que de esta forma “se reconoce un derecho que deberían tener desde el principio”.

En este sentido, ha apuntado que en unos días se cumplirán 40 años de las primeras elecciones municipales democráticas y ha reconocido que los alcaldes de los pequeños municipios “han sabido responder a las necesidades de algunas demandas” y, “sin excusas, han trabajado por sus vecinos”.

“Habéis sido quienes habéis aplicado el dinamismo en vuestros municipios en el avance de las personas con discapacidad, porque las ciudades diseñadas de manera inclusiva responden con servicios y apoyo a quien lo necesita y atienden las demandas de los diferentes colectivos de la discapacidad”, ha aplaudido, para, a continuación, instar a “seguir avanzando para que las ciudades inclusivas sean una realidad en nuestro país.

En la misma línea, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha reivindicado “igualdad de trato”, así como de “condiciones, derechos y obligaciones como ciudadanos”, para las personas con discapacidad y ha destacado que 100.000 de ellas tendrán la “experiencia ansiada” de votar por primera vez el próximo 28 de abril en los comicios generales.

Carballeda ha advertido de que en los próximos comicios “algo va a cambiar” después de que, “durante muchos años”, no se haya permitido votar a un “número importante” de ciudadanos que en la próxima cita electoral podrán ejercer libremente “por ellos mismos su derecho al voto” después de que, “incluso, alguna persona ha dudado de la conveniencia o no de permitirles votar pensando en si tendrían la libertad suficiente o la capacidad de hacerlo”.

El presidente del Grupo Social ONCE se ha referido también a la “España vaciada” y, en este punto, ha hecho hincapié en las necesidades y dificultades de las personas con discapacidad que viven en ella, instando a “tener en cuenta” a este colectivo para que “pueda seguir formando parte de su municipio como una persona más”.

Por todo ello, ha invitado a “hacer un esfuerzo por todos los ciudadanos, sin excepción, tengan o no discapacidad” y que viven en municipios que, a su juicio, “deberían ser más accesibles para que estas personas no tengan que abandonarlos”.

Por su parte, la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha admitido que, “conscientes de esta realidad”, Fundación ONCE e Inserta Empleo tratan de convertir a los ayuntamientos en “aliados para conseguir la inclusión social y laboral de este colectivo”, que “lo tiene más complicado que el resto”, ya que se trata de un “actor de gran importancia por su proximidad a las necesidades del territorio sobre el que actúan”.

A este respecto, en 2016 Inserta Empleo empezó a firmar convenios con municipios que establecen un “marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad”. “Demos la oportunidad a las personas con discapacidad de formar parte de nuestra tierra y aportar su trabajo”, ha concluido. 

En el transcurso del desayuno se ha celebrado una mesa redonda en la que alcaldes de PP, PSOE y Ciudadanos han reivindicado la inclusión de las personas con discapacidad como una “política trasversal”.

Así, la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria general de Política Social del PP, Concepción Gamarra, consideró que el “reto” del siglo XXI pasa por conseguir que las personas con discapacidad se conviertan en “protagonistas y ciudadanos de primera en igualdad de condiciones con el resto de vecinos”.

“Sin las entidades locales y organizaciones como la ONCE no sería posible”, ha precisado, para, a continuación, explicar que se trata de un “liderazgo compartido que funciona bien, porque está cambiando las cosas” y “empoderando” a las personas con discapacidad.

A su entender, la firma del Convenio Municip, permite “alinear” a tejido empresarial y ciudadanía en general en la “sensibilización” de una sociedad “con una visión inclusiva y que tenga presente a todos”, por lo que lo ha definido como “fundamental”.  Gamarra ha instado a “sumar fuerzas” en torno a este proyecto y ha animado a los consistorios que ya han suscrito este acuerdo “a contar a aquellos que no lo tienen que funciona”.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Patricia Rodríguez, se ha referido a la accesibilidad como un “proyecto colectivo y de todos” y ha estimado que “todos los ayuntamientos” deberían contar con un consejo municipal para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad e incorporar “cláusulas sociales” en sus procesos de contratación pública.

Rodríguez también ha valorado la intermediación de entidades como Inserta Empleo como “tremendamente importante” para atender a las personas con discapacidad, “que lo tienen más difícil para acceder a un empleo” y ha dicho no entender “cómo no todos los ayuntamientos de España tienen un convenio de estas características”, en referencia al Convenio Municip.

Un proyecto “muy fácil de vender, porque el esfuerzo que se pide a la administración local es mínimo”, según el alcalde de Vilagarcía de Arosa, Alberto Varela, quien ha demandado una “inclusión e inserción social que sea real”.

Las entidades locales “solas no llegan”, ha lamentado, por lo que ha constatado la necesidad de que las administraciones autonómicas y estatal “se impliquen y que ello vaya acompañado de los recursos necesarios para implementar las medidas”.

“Si no fuera por entidades como Fundación ONCE y estos convenios, no sería posible una inclusión real”. “Nos quedaríamos en gestos y palabras, pero no habría inclusión real”, ha proseguido.

Finalmente, el alcalde de Villanueva del Pardillo, Luis Sosa, también ha calificado como “fundamental e importante” este tipo de convenios “sobre todo para los ayuntamientos pequeños” que se encuentran “muy solos”. Por ello ha agradecido que entidades como Inserta Empleo “lleven de la mano a los ayuntamientos” aconsejándoles sobre “lo que pueden hacer para mejorar su municipio”.

La inclusión en las localidades más pequeñas “no puede depender de la suerte”, ha dicho, al tiempo que ha exigido “homogeneización en cuanto a las medidas de inclusión social para que todos seamos iguales en oportunidades para sus ciudadanos”.

Este desayuno se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.