diarioresponsable.com 11.01.21

Así lo demuestra el último informe “La dimensión social de la inversión sostenible” realizado por Spainsif, con la financiación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

La investigación realiza un recorrido por los principales temas sociales implicados en las finanzas sostenibles y socialmente responsables, incluyendo cuáles son los principales esquemas de reporte. Además, concluye con una previsión de la evolución e importancia que este tipo de inversiones tendrán tanto en la recuperación de nuestra economía post COVID-19 como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la transición ecológica justa.

Lo que antes era considerado como información no tan relevante hoy comienza a ser una pieza clave para la inversión sostenible. Los impactos sociales de las finanzas están cada vez más conectados con la creación o pérdida de empleo, al igual que con la capacidad económica de la ciudadanía, siendo, en última instancia, quienes propician el empeoramiento o mejora en la calidad de vida y bienestar social. En este sentido, el informe advierte que las empresas con un mejor comportamiento en los aspectos sociales suelen aportar calificaciones positivas desde el enfoque de riesgos a la vez que rentabilidades competitivas para los inversores.

Otro aspecto central que destaca el documento es que las políticas de responsabilidad social empresarial que se han desarrollado y generalizado en las grandes y medianas empresas, especialmente las cotizadas, han posibilitado que los aspectos sociales se conciban de una forma integral, llegando hasta el inversor a través del reporting de sostenibilidad, que incluye cómo su actividad afecta a los diferentes agentes sociales. El estudio propone que existen ciertos marcos de referencia que resaltan los aspectos sociales de la inversión ASG, a saber: Las guías de reporting de memorias de sostenibilidad, las directivas europeas de divulgación de información no financiera y la agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En primer lugar, las guías de reporting son cada vez más imprescindibles. El inversor ASG necesita un nivel de información elevado de las empresas que van a componer su cartera de inversión, siendo fundamental el nivel de transparencia del mercado, así como la homogeneidad de la información, a efectos comparativos. Sobre este importante punto, el estudia afirma que existen diferentes iniciativas internacionales dirigidas a establecer objetivos e indicadores con los que las entidades puedan identificar, medir e informar sobre su desempeño en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

El problema actual radica en que la diversidad de estas metodologías en cuanto a su alcance y definición dificulta las comparativas de los estados de información no financiera y memorias de sostenibilidad. Es por ello por lo que, tanto empresas como partes interesadas, piden que se establezcan criterios únicos o equivalencias entre estándares que permitan medir y seleccionar aquellas entidades que mejor integran los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno. Conscientes de esta necesidad, en septiembre del pasado 2020, la organización CDP, el Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting Initiative (GRI), el International Integrated Reporting Council (IIRC) y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB) anunciaron su disposición y compromiso para trabajar de forma conjunta en la definición del contenido de informes corporativos y su comparabilidad y el compromiso de colaborar para lograrlo.

En segundo lugar, el estudio destaca como otro de los marcos de referencia centrales a la hora de analizar los aspectos sociales en la inversión sostenible la publicación de la Ley 11/20182 de información no financiera y diversidad.  Gracias a la sanción de esta ley el reporte o divulgación de los aspectos extra financieros de las empresas pasó de ser voluntario a requisito legal para muchas de ellas. La ley otorga un gran énfasis a los aspectos sociales, con especial relevancia al tratamiento de la igualdad de género, y asienta la necesidad de informar sobre temáticas como el empleo, estableciendo indicadores como el número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional; empleados con discapacidad, brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo o la implantación de políticas de desconexión laboral; organización del trabajo y del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar; formación o planes de igualdad; la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, entre otros.

La ley no solo coloca en un lugar central a los aspectos sociales mencionados previamente, sino que también establece requisitos de información respeto a Derechos Humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, y sobre las relaciones con la sociedad, entre las que se destacan los compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible y el impacto de la actividad de la empresa en el empleo y el desarrollo local.

Finalmente, el documento subraya la importancia que tienen las metas propuestas en la Agenda 2030 en relación a su fuerte componente social. Entre los principales 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se recogen: poner fin a la pobreza, como objetivo número uno, en segundo lugar, acabar con el hambre y garantizar la seguridad alimentaria, salud y bienestar como tercer objetivo, seguidos de alcanzar una educación de calidad, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, abastecimiento de agua y saneamiento, reducir las desigualdades tanto entre países como dentro de los mismos, y garantizar la paz y la justicia social.

En esta línea y en relación con las finanzas sostenibles, resulta especialmente relevante el Objetivo 8 de “Trabajo decente y crecimiento económico”, que recoge entre sus metas “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” o “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas en 2025”. Desde el enfoque del inversor ASG, los reportes de sostenibilidad de las empresas respecto a los ODS suelen ser complementados y ajustados a los propios indicadores de inversión ASG, atendiendo al mandato fiduciario del inversor institucional. Para ello, los inversores ASG cuentan con proveedores de calificación y rating especializados, que tienen su propia aproximación cuantitativa a los aspectos sociales relacionados con cada ODS.

Asimismo, estos objetivos han inspirado un tipo de inversión de impacto focalizado en canalizar fondos hacia su consecución. Según el estudio realizado por Spainsif, el 10% de las inversiones de impacto monitorizadas tienen como objetivo contribuir a alcanzar los ODS.

Luego de este breve recorrido por los aspectos sociales en los marcos de referencia de la inversión sostenible, resulta posible concluir que el lugar que estos ocupan es, afortunadamente, cada vez más importante. Ciertamente, los aspectos ambientales continúan siendo un eje central de la inversión sostenible pero la crisis sanitaria generada por el coronavirus ha potenciado fuertemente los criterios sociales, que se colocan en un primer plano, aunque sigan siendo los más complejos de medir y monitorizar.