ARAGÓN
La ley de discapacidad recibe el respaldo unánime de las Cortes

elperiodicodearagon.com - F. Mantecón - 22.03.19

Es menos frase hecha que en otras ocasiones, porque durante la tramitación, el texto aprobado casi ha duplicado su extensión –de 12.000 a 22.000 palabras, precisó el diputado Raúl Gay– y hay poco que no abarque. El consenso se extendió a la tribuna del parlamento autonómico, poblada de representantes de entidades, que recibieron con un largo aplauso los 62 votos (faltaban 5 diputados, entre consejeros y el presidente Lambán) a favor de la ley.

La ley consagra la igualdad en la sanidad, la educación, el ocio, los servicios sociales o la formación y el empleo. Un aspecto especialmente importante cuando, según la diputada Elena Allué, solo un 16% de las mujeres con discapacidad (unas 60.000 en Aragón) tienen trabajo. Y lo hace con un régimen sancionador contundente (hasta un millón de euros en las infracciones muy graves) y unas normas concretas, que serán coordinadas y vigiladas por una futura Junta Arbitral adscrita a la Consejería de Presidencia.

CONSENSO

Los diputados que se han encargado de tramitar la norma hasta su aprobación de ayer no solo se deshicieron en elogios al trabajo mutuo y al del letrado de las Cortes, como es habitual, sino que pusieron la norma como ejemplo de lo que es (o debe ser) la política. Como resumió la coordinadora, la socialista Pilimar Zamora, «todos nos hemos dejado algo en el camino (respecto a sus posturas iniciales) pero es una buena ley, consensuada, que mejora la vida de las personas para una sociedad más inclusiva». Y contando con los afectados, como celebró la coordinadora de entidades Cermi, a la vez que pedía celeridad en la tramitación del reglamento.

En similares términos a los de Pilimar Zamora se expresaron Marian Orós, del PP, Desirée Pescador, de Ciudadanos, Gregorio Briz, de CHA, Patricia Luquin de IU y los citados Gay y Allué, de Podemos y el PAR, respectivamente. Solo la última hizo especial hincapié en lo que ha tardado en aprobarse la ley.

El texto contempla medidas concretas en sanidad, como establecer programas específicos de salud sexual y reproductiva, accesibilidad (con lectura fácil) en el consentimiento informado o servicios adaptados como el de salud bucodental.

También en educación, haciendo hincapié en la detección precoz y la atención temprana, la dotación de apoyos y medios necesarios, todo ello también en el ámbito universitario. Hay que tener en cuenta que abarca todo tipo de discapacidades, tanto la física como la mental. La elección de la educación convencional o especial queda a criterio de las familias, se felicitó Elena Allué, tras el amago ministerial de acabar con los segundos. Pero la ley da cierta prevalencia a la convencional y obliga a dotarla.

La formación y el empleo también tienen su propio título en la ley, con el fomento de políticas y cursos específicos de Formación Profesional, prioridad en cursos de formación y un cupo de plazas (del 3%) que se extiende a otros ámbitos como la reserva del 8% en ofertas de empleo público o el 4% de viviendas adaptadas en promociones públicas, entre otros.

DEMANDAS

Uno de los puntos más celebrados, por largamente demandados, es la financiación pública de diversos gastos extra que tienen que afrontar las personas con discapacidad por el mero hecho de serlo, como puede ser una silla de ruedas, una prótesis o ayudas técnicas y de comunicación en el hogar. Esto fue especialmente celebrado por Raúl Gay, quien también destacó el apoyo psicológico y la orientación a los padres tras el parto.

También destaca la consideración del asistente personal como un derecho, aunque es un punto menos desarrollado de lo que algunos grupos querían.