lavanguardia.com 09.12.20

Según un comunicado, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo Regional de Economía Social, donde se ha hecho balance, con los representantes del sector, de las actuaciones realizadas este año en materia de Economía Social.

Amigo ha informado a los miembros del Consejo de las partidas y actuaciones previstas en los presupuestos del próximo año, donde se garantiza que la Junta de Castilla y León seguirá apostando por la Economía Social y por la integración laboral de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Precisamente, de cara a la gestión y diseño de los programas y políticas de empleo, los representantes de las organizaciones de la Economía Social han vuelto a reclamar, durante la celebración del Consejo, la posibilidad de tener voz y representación en las Comisiones Especializadas dentro del Diálogo Social.

La Economía Social es una herramienta "fundamental" al servicio de la cohesión social, que ha logrado mantener y crear empleo incluso en los momentos de crisis y el sector mantiene un incremento sostenido en la Comunidad.

Castilla y León cuenta con 323 Centros Especiales de Empleo donde trabajan 6.687 personas, la inmensa mayoría personas con discapacidad; otros 376 trabajadores prestan servicio en las 18 empresas de inserción existentes a día de hoy en la Comunidad; se contabilizan, además, 2.179 cooperativas y 1.480 sociedades laborales, entidades que en su conjunto superan los 30.000 puestos de trabajo.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Empleo e Industria en este ejercicio, destacan los 30.159.433 euros destinados a financiar los costes salariales de personas con discapacidad contratadas por los centros especiales de empleo, así como los costes de las Unidades de Apoyo a la actividad profesional y estos centros han contado, además, con una partida de 777.075 euros para financiar las inversiones llevadas a cabo.

Por su parte, las empresas de inserción han percibido ayudas por valor de 770.000 euros para fomentar la integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social, estas subvenciones van dirigidas a financiar el 50 % del SMI de las personas contratadas y el personal de acompañamiento.

Por último, en materia de inserción laboral, se han destinados 340.000 euros al fomento de la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias y se han invertido 125.000 euros para respaldar a las entidades sin ánimo de lucro que prestan apoyo a estos trabajadores.