20minutos.es 03.01.21

En total, serán 49 plazas de promoción interna, 26 de acceso libre y una plaza de estabilización de empleo, que darán acceso a veinte cuerpos y escalas diferenciados. Casi la mitad de estos puestos (36) se engloban en el grupo C1, y a continuación se encuentran las 19 plazas del grupo A2.

La distribución concreta incluye, en el caso de las 49 plazas de promoción interna, 29 del cuerpo administrativo; ocho de auxiliares administrativos; siete del cuerpo de gestión administrativa; dos del cuerpo tributario, y una plaza respectivamente del cuerpo superior de administradores, ingeniería agrónoma y el cuerpo de técnicos tributarios.

En cuanto a las 26 plazas de acceso libre, estas serán del cuerpo administrativo (cuatro plazas); el cuerpo superior de administradores, el cuerpo de gestión administrativa y la agrupación profesional de servicios públicos (tres plazas cada uno); ingeniería técnica agrícola y trabajo social (dos plazas cada uno); y, con una plaza cada uno, el cuerpo de letrados de la Región, veterinaria, arquitectura, psicología, prevención, arquitectura técnica, analista de aplicaciones, educación en intervención social del grupo A1 y educación en intervención social del grupo C1.

Finalmente, la plaza para la estabilidad de empleo será de investigación agraria y alimentaria. Las principales diferencias entre las modalidades de convocatorias radican en la puntuación que se otorga a la fase de oposición y en los méritos que se valoran en la fase de concurso.

La directora general de Función Pública, Carmen Zamora, destacó el papel "fundamental" de las administraciones públicas "a la hora de impulsar la inserción laboral de este colectivo, porque fomentamos la igualdad de oportunidades y la plena integración de estas personas en la sociedad. Su incorporación nos enriquece, y nos convierte en una administración más inclusiva, moderna y eficiente".

Las 76 plazas reservadas incluyen 14 exclusivas para personas con discapacidad intelectual, que se convocarán durante 2021. La Comunidad es una de las primeras administraciones, junto con la central, en cumplir con la reserva de plazas establecida para personas con discapacidad intelectual.