Eleconomista.es 05.12.18

Entre otros aspectos, la proposición de ley de Podemos pretendía incluir en todos los contratos públicos de la Comunidad de Madrid una ponderación de los criterios de adjudicación donde la oferta económica no supere nunca el 40 % de la valoración total.

El texto también sugería dar puntuación a la hora de adjudicar un contrato por emplear a personas con discapacidad, así como en situación o riesgo de exclusión social.

Asimismo, abogaba por el "fomento de la economía social y solidaria" o por introducir cláusulas de carácter medioambiental como "la minimización del consumo de recursos naturales como materias primas, combustibles y agua".

"(La contratación pública) no es una mera cuestión administrativa o técnica, es una herramienta estratégica y política", ha dicho en el pleno la diputada de Podemos Isabel Serra.

En este punto, ha señalado que la mayoría de las tramas de corrupción en España han surgido por usar la contratación pública para "intereses privados".

"Esta ley permite que la Comunidad de Madrid tenga una legislación autonómica para hacer que lo que ha hecho el PP durante tanto tiempo no pueda volver a pasar, para que nunca se pueda adjudicar a medida como ha hecho el PP", ha defendido.

El diputado del PP Álvaro Moraga ha rechazado la proposición de Podemos al alegar entre otras cuestiones que el texto "contiene normativa que ya está regulada" por la Ley de Contratos del Sector Público, de carácter nacional, por lo que estima que no puede haber "una regulación distinta en la Comunidad de Madrid".

Una opinión que comparte el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero, que además ha denunciado que "gran parte" del preámbulo de la proposición de ley de Podemos está "fusilado" del texto de la ley extremeña sobre contratación pública aprobada recientemente.

Por su parte, el diputado del PSOE-M Pedro Pablo García-Rojo ha apoyado la proposición de Podemos al comentar que plantea "una cuestión importante que necesita mejoras".

"La Comunidad de Madrid no se ha adaptado al dinamismo de cambios normativos de las leyes del sector público", ha sostenido.