Lavanguardia.com 12.12.16

En concreto, se van a analizar cuestiones relacionadas con la salud, el empleo, la accesibilidad, los servicios sociales, la mujer, la educación y formación y la contratación y función pública. Las mesas se reunirán al menos una vez por trimestre y podrán constituirse otras sobre otros asuntos.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado que este sector es "muy importante desde el punto de vista de las obligaciones de cualquier Administración pública", para comentar que la suscripción de este protocolo se enmarca en la "prioridad" del Gobierno de "garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades y la seguridad asistencial".

Asimismo, contribuye al cumplimiento de "compromisos electorales", cuestión respecto a la que se ha felicitado por haber aumentando las plazas concertadas de tal forma que "no haya lista de espera", además de que este jueves las Cortes de Aragón van a aprobar, previsiblemente, el proyecto de ley de acción concertada en servicios sociales y sanitarios, surgido de un decreto-ley remitido a la Cámara por el Ejecutivo.

Según ha explicado Lambán, con esta nueva normativa "somos pioneros en España" y ha detallado que va a permitir que las entidades sin ánimo de lucro "no sufran la competencia desleal y perniciosa" de quienes "atienden al mundo de la discapacidad con una dimensión estrictamente lucrativa y de negocio".

También ha dicho que con su Gobierno se ha revertido "la tendencia de disminución de plazas de la dependencia", que entre otras beneficia a las personas con discapacidad y también ha tenido palabras de recuerdo para el recientemente fallecido presidente de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA), José Miguel Monserrate.

DAR SOLUCIÓN

La presidenta de CERMI Aragón, Elena Valencia, ha estimado que este protocolo es un "instrumento de trabajo y colaboración para poder dar solución a las demanda del colectivo de personas con discapacidad y sus familias", en el que "tenemos puestas grandes esperanzas".

Ha añadido que "ponemos en marcha un procedimiento estable y continuado en el tiempo en el que intervienen prácticamente todos los Departamentos del Gobierno" para analizar "los distintos aspectos que afectan a las personas con discapacidad, que van desde el empleo hasta el acceso a la función pública, pasando por la prestación de servicios, la educación, la formación, la cultura, el ocio y la accesibilidad".

Elena Valencia ha subrayado la necesidad de tratar estas cuestiones "de manera transversal", superando "la tradicional visión sectorial" mediante "propuestas factibles, consensuadas y acordes con la realidad".

Entre las prioridades para CERMI-Aragón se encuentra "la elaboración de un plan de salud mental", las políticas activas de empleo, tanto el ordinario, como para la función publica y el apoyo a los centros especiales de empleo de iniciativa social, así como la promoción de la autonomía personal.

Ha añadido que su organización, que agrupa a la práctica totalidad de entidades del sector, "pretende por medio de propuestas constructivas trasladar las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y movimientos" bajo las premisas de "no discriminación, igualdad de oportunidades, emancipación social y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos con discapacidad y sus familias".

CONTENIDO DEL PROTOCOLO

El protocolo suscrito entre CERMI Aragón y el Ejecutivo de la Comunidad contempla la aprobación de una la ley de derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, incluyendo el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de estas personas. Asimismo, recoge la creación de una subcomisión en las Cortes de Aragón que se encargue de analizar su situación y la de sus familias.

Además, precisa que se ha de garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva en las ofertas de empleo público no inferior al siete por ciento de las vacantes para estas personas, siempre que superen los procesos selectivos, acrediten su discapacidad y compatibilidad con el desempeño de las tareas. Al menos el dos por ciento deberían ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

El protocolo también se emplaza a cumplir la reserva de participación de los centros especiales de empleo en los procedimientos de adjudicación de contratos y en su ejecución en el marco de programas de empleo protegido según lo previsto en la ley.

Igualmente, señala que con el fin de mantener los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo, tratarán de garantizarse el otorgamiento de las subvenciones previstas del coste salarial correspondiente a cada puesto ocupado por una persona con discapacidad que realice una jornada de trabajo ordinaria y que esté en alta en la Seguridad Social por un importe del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional.

El documento también quiere garantizar subvenciones extraordinarias hasta conseguir un importe del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional a trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo que tengan especiales dificultades de inserción laboral, como personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33 por ciento y personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65 por ciento.

PRESUPUESTOS

El protocolo fija el objetivo de garantizar una dotación anual en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo no inferior a la del ejercicio 2015 destinada a la financiación de proyectos generadores de empleo estable a través de centros especiales de empleo registrados y convocatorias anuales de subvenciones para las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo, con un presupuesto del INAEM no inferior al de 2015.

Otros propósitos son agilizar al máximo posible los trámites administrativos para la concesión de plazas asistenciales para estos usuarios; incluir en la Ley de Presupuestos para 2017 una subvención nominativa para la financiación de las plataformas autonómicas de implantación estatal "dando una solución similar a la que se da en otras Comunidades"; y aprobar en esta legislatura un Plan de Salud Mental contando con las asociaciones de pacientes y familiares.

Finalmente, en el documento se incluye la actualización del protocolo de traslado de personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual y su divulgación a profesionales y asociaciones, y aprobar la norma que regule la accesibilidad universal para que se ejecuten conforme a la misma los proyectos de espacios urbanísticos, arquitectónicos y las infraestructuras y servicios de transporte de uso público ya sean de titularidad pública o privada.