El sector de la discapacidad pide una renta mínima que garantice ingresos suficientes para una “vida digna” y potencie la empleabilidad

discapnet.es 09.03.20

Así lo explicaron Plena Inclusión, Salud Mental España, COCEMFE, Confederación ASPACE, y Autismo España durante la jornada ‘Renta mínima estatal y personas con discapacidad: un nuevo horizonte contra la exclusión social’, organizada por el CERMI Estatal con la colaboración de Fundación ONCE y con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de los fondos de la ‘X Solidaria’ de la declaración de la renta.

Durante la mesa de debate, la responsable de Derechos de ASPACE, Ángeles Blanco, aseguró que, “si estamos hablando de renta mínima, no podemos olvidar que tiene que ir encaminada al concepto de bienestar y que va relacionado con las políticas activas de empleo”. En este sentido, Blanco recordó que solo el 5% de las personas con parálisis cerebral accede al mercado de trabajo.

La responsable de Derechos y Buenas Prácticas de Autismo España, Raquel Valle, explicó que “entre las personas con TEA, también hay enormes dificultades de acceso al mercado laboral”, por lo que urgió a que la futura renta mínima garantice ingresos que estén por encima del umbral de la pobreza.

Por su parte, el secretario de COCEMFE, Daniel Aníbal García, criticó el razonamiento de algunas personas de “valorar a todo el mundo por igual” porque “las cuantías tendrán que ser diferentes entre personas con y sin discapacidad, al igual que entre quienes tienen discapacidad”. En su opinión, se debe huir de “la talla única”, al igual que se deben garantizar ingresos para “una vida digna”. En este punto, se preguntó si proporcionar ingresos que simplemente basten para salir de la pobreza es algo suficiente para disfrutar de todos los derechos.

Enfocar la futura renta mínima estatal “en la persona y no en la unidad familiar” es una de las principales reivindicaciones y factores a tener en cuenta en su acceso para las personas con discapacidad, según la directora de Salud Mental España, Celeste Mariner. Así, hizo hincapié en que para promover la autonomía de cada persona, se debe poner el foco en ella misma.

A su vez, el vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, destacó que “es totalmente necesario asegurar la igualdad de oportunidades”, para lo que apostó por impulsar “medidas diferenciales y discriminación positiva en función de las necesidades de las personas”.

Por otro lado, la secretaria general de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI, Pepa Torres, denunció que “en los últimos años, los sistemas de protección social se han debilitado mucho” y lamentó que tener un empleo no garantice estar en riesgo de pobreza. “El empleo ha perdido su papel central como promotor de la inclusión social”, zanjó.

Dotación insuficiente

El director de Fresno The Right Link, José Manuel Fresno, se centró en abordar las claves por las que las personas con discapacidad deben ser un grupo prioritario en la regulación de una futura renta mínima estatal, asegurando que existen pocos mecanismos de protección a nivel fiscal.

Además, señaló que “las prestaciones no contributivas por invalidez no tienen dotación suficiente como para que quienes las perciben puedan vivir por encima del umbral de la pobreza”, aunque explicó que hay comunidades que “complementan estas prestaciones para que al menos superen este indicador”.

En cuanto a las rentas mínimas en las autonomías en las que está aprobada, avisó de que “el trato preferencial que se da en estas regulaciones es prácticamente testimonial”. Asimismo, aseguró que cuando para estas ayudas se tiene en cuenta el total de ingresos de un hogar, “se contribuye a hacer dependiente a la persona con discapacidad de las personas con las que vive”.

En este sentido, pidió que la futura renta mínima nacional tenga en cuenta la “compatibilidad entre su percepción y el empleo, para favorecer la activación de la ciudadanía”. Asimismo, reclamó que cuando un ingreso mínimo se suspende por trabajar, si se vuelve a necesitar, se agilice la reactivación.

Previamente, el sociólogo Antonio Jiménez Lara impartió la ponencia ‘La posición de las personas con discapacidad en una futura renta mínima estatal’, en la que analizó la relación bidireccional entre la discapacidad y la pobreza.

“Las personas con discapacidad y sus familias suelen afrontar costes adicionales para poder lograr un nivel de vida equivalente a las personas sin discapacidad con la misma renta”, explicó este experto, al tiempo que indicó que “las familias donde hay personas con discapacidad experimentan carencias materiales porque el dinero lo invierten en ellas y no en otras necesidades importantes”.

Por último, el delegado del CERMI para los Derechos humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, expuso las conclusiones de la jornada, mientras que la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino, se encargó de clausurar el encuentro.