Lavanguardia.com 26.03.19

Este importe, que representa un incremento del 33,3 % respecto al fijado en 2018, es la suma de las cantidades que los departamentos de Administración de la Generalitat y las entidades del sector público que tienen adscritas han de reservar este año para adjudicar contratos a entidades que fomentan la integración de personas discapacitadas y a la inserción social de colectivos desfavorecidos.

La iniciativa tiene como finalidad el acceso de estos centros y empresas a la contratación pública y se enmarca en la voluntad del Govern de dar apoyo institucional indirecto a la importante acción social que llevan a cabo.

Para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, los departamentos y sus entidades tendrán que comunicar semestralmente los objetivos conseguidos a la Dirección General de Contratación, que será el órgano encargado de hacer el seguimiento.