diariodemallorca.es 23.08.18

La ley afectará a todas las instituciones públicas, y será aprobada por el Consell de Govern este viernes.

El texto de esta normativa, que surge tras la aprobación en mayo de la Ley del Tercer Sector en el Parlament, ha sido consensuado con las entidades, algo que éstas aplaudieron y celebraron ayer en la presentación hecha por la presidenta Francina Armengol en el Consolat de Mar junto a los consellers Fina Santiago (Servicios Sociales) y Iago Negueruela (Trabajo).

Por parte de las entidades, estuvieron presentes miembros de FOQUA (Foro para la calidad. Asociación empresarial de entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad); EAPN (Red para la Inclusión Social); PREDIF (Personas con discapacidad física); REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria Islas Baleares) y PLAVIB (Plataforma del Voluntariado de Illes Balears).

Carmen Castro habló en nombre de las entidades y celebró la rapidez del Govern para desarrollar esta nueva ley, que les traerá más "estabilidad" económica y laboral. También aplaudió el trabajo conjunto y "de consenso" realizado con el Ejecutivo autonómico y la atención que se ha tenido a sus propuestas.

La ley tiene tres ejes fundamentales: regula la concertación de servicios de atención a las personas en el ámbito social por parte de las instituciones públicas; resuelve una reclamación histórica del sector (la de concertar los servicios preferentemente con entidades del tercer sector); y por primera vez, permite concertar con entidades los servicios de orientación profesional dirigidos a colectivos vulnerables.

Santiago destacó que con esta legislación se dará más peso a la experiencia en el servicio de las organizaciones que el carácter económico: "No puede ser lo mismo comprar unas sillas que contratar un servicio de psicólogos de atención a menores", resumió.

Por ello, ahora en la parte técnica de los requisitos (la experiencia en el sector) se exigirá poder acreditar una puntuación mínima del 50%. El objetivo es evitar que grandes empresas no especializadas, y cuya actividad hasta el momento no ha tenido nada que ver con el servicio, ganen los concursos por tener más solvencia y por tanto mayor puntuación en la parte económica de la convocatoria.

La consellera también señaló que la norma fomenta que sea la propia ciudadanía (organizada en entidades) la que asuma y participe en los servicios que le afectan.

Otras novedades que supone esta ley, que tanto el tercer sector como el Govern acordaron que se tramite en el Parlament por lectura única, es que contempla la posibilidad de que en algunos casos y "de forma justificada" se convoquen concursos restringidos a organizaciones del tercer sector. Siempre serían concursos que estarían por debajo de los 750.000 euros y por un periodo no superior a tres años, especificó Santiago.

Asimismo el texto es pionero por incluir políticas de formación y de ocupación para colectivos vulnerables, como reseñó el conseller Negueruela: "Se trabajará por primera vez de manera directa con los servicios públicos de empleo", apuntó el responsable autonómico de Trabajo.