EUROPA PRESS 25.11.20

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, que ha manifestado que el objetivo de este marco normativo es renocer y fomentar este tipo de economía, que representa aproximadamente el 4,5 por ciento del PIB regional y ha generado más de 20.000 puestos de trabajo, según datos de la Asociación de Economía Social de Aragón.

Este tipo de actividad engloba a distintos ámbitos económicos y empresariales desarrollados por entidades que se caracterizan por el respeto a valores comunes y cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad.

La necesidad de elaborar una norma con rango de ley responde a la creciente importancia de cooperativas, asociaciones y fundaciones de la economía social en la creación de puestos de trabajo y la resolución de problemas sociales en la comunidad autónoma, han apuntado desde el Gobierno de Aragón.

En la actualidad, uno de cada tres aragoneses está vinculado a alguna de las organizaciones que configuran la economía social y más de 400.000 personas participan, colaboran o forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción y centro especial de empleo que la propician.

Al respecto, la consejera de Economía ha subrayado que este sector crea un empleo "de calidad", que apuesta por la "estabilidad" y ha ido creciendo en los úlitmos años, una línea que se quiere potenciar a través de la futura ley con "medias de apoyo, convocatorias y acciones de fomento e impulso a la misma".

RELEVANCIA SOCIAL

Marta Gastón ha remarcado que este sector "no solo es relevante en el ámbito económico, sino que abandera muchas funciones que en caso de no existir estas entidades quedarían carentes" en el territorio, contribuyendo "a la igualdad de oportunidades, tanto territoriales, sociales, como de género".

La consejera ha recordado que el principio rector de las entidades de economía social -que son "heterogéneas" en sus fines y formas jurídicas- es "la primacía de las personas en todas y cada una de las actividades que llevan a cabo".

Ha añadido que la futura ley quiere dotar a este sector de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.

La consejera ha incidido en que el sector "quiere seguir creciendo con la heterogenidad que las caracteríza, pero preservando esos principios comunes para que ese trabajo de calidad e igualdad de oportunidadess sigan creciendo en el territorio aragonés".

Gastón ha precisado que el Grupo de Trabajo de Economía Social, creado el 12 de noviembre de 2019, ha permitido una "particiación activa de los representantes y referentes del sector" en la elaboración de la futura ley. Han sido "actores principales protagonistas", ha enfatizado.

TRES EJES

La consejera ha detallado que el nuevo texto normativo cuenta con ocho capítulos, 29 artículos, ocho disposiciones adicionales y tres finales. Uno de sus tres ejes es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo.

En segundo lugar, persigue coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector, así como su acceso a diferentes convocatorias.

Entre otras cosas, este propósito se recogerá en la elaboración de un Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social para lograr la máxima eficacia y eficiencia.

Además, la norma apuesta por integrar un sector, "hasta ahora disperso", en el Consejo de la Economía Social de Aragón, que permitirá aportar soluciones al panorama sociolaboral actual y estimular la dinamización del autoempleo y el emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas. Según ha apostillado Gastón, el sector quiere tener "esa interlocuación única permanete y continua".

PRÓXIMOS TRÁMITES

La consejera ha contado que tras la toma de conocimiento del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno, la tramitación continuará con el informe del Consejo Económico y Social de Aragón y la apertura de un periodo de información pública de un mes.

Asimismo, se producirá una audiencia pública para que la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, los agentes sociales -CCOO, UGT, CEOE y CEPYME- y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Huesca y Teruel puedan aportar sus propuestas.

Después, se enviará a las Cortes de Aragón, donde no va a tener lugar el trámite de audiencia con las entidades de economía social dada su participación "activa" en su elaboración.

El Grupo de Trabajo de Economía Social ha estado formado, además de por distintos miembros del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, por representantes de la Asociación de Economía Social de Aragón, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la Confederación Española de Empresas de Formación y la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado.

Igualmente, han estado presentes la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, la Patronal Aragonesa de la Discapacidad, la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, la Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual, el Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral y de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.

PROYECTO ANTERIOR

El Gobierno de Aragón ha recordado que en la pasada legislatura se aprobó un proyecto de Ley de Economía Social de Aragón mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de noviembre de 2018, que se remitió a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

El proyecto se hallaba en fase de tramitación parlamentaria cuando el Parlamento autonómico expiró su mandato sin que finalmente se aprobara el proyecto de ley.

En aplicación del artículo 338 del Reglamento de las Cortes de Aragón, una vez disueltas las Cortes o expirado su mandato, todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la cámara caducan, habiéndose hecho necesario iniciar una nueva tramitación normativa.

Ante la necesidad de aprobar una nueva ley, en noviembre de 2019 se puso en marcha el Grupo de Trabajo de Economía Social para trabajar en la elaboración del anteproyecto.