El Congreso inicia los trabajos para acabar con la esterilización forzosa de personas con discapacidad

SERVIMEDIA 09.09.20

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados constituirá la ponencia encargada de debatir e informar la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Comienza así la tramitación de la iniciativa legislativa inspirada por el movimiento Cermi Mujeres para erradicar del ordenamiento jurídico español "una práctica gravemente atentatoria contra los derechos humanos de las personas con discapacidad, especialmente mujeres y jóvenes", ha señalado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Presentada hace unos meses en el Senado por el Grupo Ciudadanos, a demanda y a partir de un texto de la Fundación Cermi Mujeres, la proposición de ley fue tomada en consideración por una amplia mayoría de la Cámara Alta, ya que su admisión a trámite fue aprobada prácticamente por unanimidad. Solo los dos representantes de Vox votaron en contra, mientras que el de Teruel Existe decidió abstenerse.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzosas, la mayoría de ellas en mujeres, y el Cermi estima que en 2016 hubo 140 casos.

En declaraciones a Servimedia, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Derechos Sociales y políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso, Sara Giménez, aseguró que "esta reforma va más allá de ideologías", pues "se trata de una cuestión de derechos fundamentales", por lo que mostró su confianza en que salga adelante de forma "ágil y con el máximo consenso posible".

"Como partido a favor de la igualdad y en contra de la discriminación, nos oponemos a una de las formas de discriminación más flagrantes que aún hoy permite nuestra legislación", dijo, "como es la de poder privar a las personas con discapacidad de sus derechos sexuales y reproductivos".

Para la portavoz de Unidas-Podemos en la comisión, Marisa Saavedra, "nuestro Código Penal contraviene la legislación internacional al permitir la vulneración de un derecho humano, el de formar una familia, en casos de personas con discapacidad. Por eso, compartimos la necesidad de cambiar el Código Penal y eliminar esa posibilidad, además de avanzar en garantizar que todas las mujeres, también las que tienen algún tipo de discapacidad, reciban los apoyos humanos y materiales e información adecuada y accesible para tomar decisiones sobre su vida de manera libre".

Tanto Saavedra como Giménez destacaron, además, la necesidad de acomodar la legislación española a los mandatos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad y al Convenio de Estambul, "tratados ambos ratificados por nuestro país".

En la misma línea se expresó Marga Prohens, portavoz adjunta del Grupo Popular en la Cámara Baja, tras subrayar la participación del Cermi y de Cermi Mujeres en la elaboración de la nueva norma. "Esta propuesta procede directamente del sector", señaló, "y busca asegurar derechos humanos de un colectivo muy vulnerable".

ENMIENDAS

Por eso, defendió su aprobación por consenso y manifestó su desconcierto ante las dos enmiendas presentadas por el PSOE. No obstante, el portavoz socialista en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad, Luis Carlos Sahuquillo, avanzó a Servimedia su postura favorable a la reforma, y argumentó que las dos enmiendas son de "carácter técnico", para "conseguir un texto más garantista en la defensa de los derechos" de las personas con discapacidad.

Se refieren a las disposiciones adicionales de la proposición en las que se establece el derecho de estas personas a "recibir información y documentación clínica de forma accesible" pero que, a juicio del PSOE, resultan "técnicamente muy deficientes".

Por este motivo, este grupo propone la adición de una nueva disposición final para que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, "con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales -incluidos los tecnológicos- para la toma de decisiones, recibirán la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada".

En opinión de Sara Giménez, estas dos enmiendas no deberían suponer "ningún obstáculo" en la tramitación de la reforma. Además, defendió que su aprobación "es solo un punto de partida", ya que "después, será necesaria una muy amplia labor de sensibilización con familias, agentes jurídicos y la sociedad en general para asegurarnos de que estas personas reciben la información de forma adecuada y que sus derechos son respetados".