Europa Press 02.02.17

La legislación establece que, cuando sea necesario, el responsable de tramitar el acta de matrimonio podrá recabar de las administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento por los contrayentes.

El nuevo texto de la formación 'popular', que ahora inicia su tramitación en la Cámara, dice que "en casos excepcionales" se recabará dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar el consentimiento y limita esas excepciones a situaciones en los que "alguno de los contrayentes presente una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo".

El encargado de defender esta propuesta, el portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad del Congreso, Ignacio Tremiño, ha señalado que este cambio supone una "adaptación del ordenamiento" pero también una "atención a las demandas que la sociedad civil ha planteado" respecto a esta materia.

"No sólo aclaramos la intención del legislador y acabamos con la discriminación histórica que han padecido durante años las personas con discapacidad intelectual, a partir de ahora todas las personas con discapacidad podrán contraer matrimonio sin problema", ha apuntado.

LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES

Durante el turno de réplica de los partidos de la oposición ha habido dos líneas compartidas por todos: que esta situación se debe al "rodillo" de la mayoría absoluta del PP en la X Legislatura y que es necesaria una explicación del partido en el Gobierno sobre la aparición de esta exigencia en la normativa.

Así, el portavoz socialista en esta materia, Joan Ruiz ha denunciado que "aún hoy" el PP sigue sin explicar por qué se introdujo esta exigencia en la normativo, cuando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha ratificado, lo prohíbe.

A su juicio, la propuesta que los 'populares' han llevado al Congreso es una manera de "intentar tapar las consecuencias de una decisión que no se atreven a explicar en voz alta". "No nos sirve que la interpretación del texto genera dudas. Ellos mismos se han dado cuenta de que lo que han aprobado fue un error", ha concluido Ruiz.

UNA "CHAPUZA LEGISLATIVA"

Su homólogo de En Comú Podem, Jaume Moya, ha calificado de "chapuza legislativa" el trabajo de los 'populares' y ha indicado que es "otro más de los desaguisados" que la mayoría absoluta del PP provocó en la X Legislatura. En su petición de explicaciones, el diputado ha indicado que el propio Ministerio de Justicia admitió que esta reforma "era poco más que un corta y pega de textos preconstitucionales", aunque ha exigido a la formación 'popular' más argumentos.

Por su parte, el representante de Ciudadanos, Marcial Gómez, ha aplaudido la rectificación de este texto que, a su juicio, resultaba "insultantemente paternalista". Sin embargo, ha recriminado a Tremiño que, en su intervención, haya ensalzado el compromiso de su partido con la discapacidad, cuando desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se habla de "arduo proceso de negociación" con el Gobierno para lograr este cambio.