EUROPA PRESS 19.09.17

Durante su comparecencia en la Comisión legislativa de Discapacidad del Senado, Pérez Bueno ha indicado que es una "prioridad" reformar la Carta Magna para "constitucionalizar" los derechos sociales como fundamentales, así como la aprobación de una ley estatal de garantía de los derechos sociales y otra de carácter orgánico para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, ha denunciado "la exclusión sistémica y estructural" que sufren las personas con discapacidad y ha pedido a los grupos que este colectivo esté presente en la acción política y legislativa "desde un enfoque exigente de derechos humanos".

Por otro lado, ha urgido a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acabar con la privación del derecho al voto que sufren casi 100.000 personas en España por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, lo que vulnera la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

UN ÚNICO SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO

Para avanzar en la implementación de dicho tratado en España, el máximo representante del CERMI ha llamado a los grupos parlamentarios a reformar la LOMCE para establecer un único sistema educativo inclusivo, evitando la segregación por razón de discapacidad que genera la falta de apoyos en el sistema ordinario, reconvirtiendo los actuales centros de educación especial y aprovechando su "amplio conocimiento y experiencia".

En línea con la campaña 'Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017' que el CERMI ha puesto en marcha este año para denunciar cada mes la ausencia de accesibilidad en un determinado ámbito, Pérez Bueno ha recordado que el plazo legal para que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean accesibles concluye en menos de tres meses.

Pérez Bueno ha instado a crear el Fondo para la Accesibilidad Universal, que se nutra destinando el 1% de los presupuestos del Estado en materia de Fomento y Agenda Digital y de los ingresos de las sanciones económicas de la administración general del estado por infracciones por ausencia de accesibilidad.

Por otra parte, ha lamentado que todavía las personas con discapacidad sufran un nivel de exclusión del mercado laboral superior al resto de la población. Para revertir esta situación, ha exhortado al Ejecutivo y al Legislativo a impulsar medidas que sirvan para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad en cinco años del 38% actual al 50%.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON DISCAPACIDAD

Igualmente, ha prestado especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad (el 60% del total de la población con discapacidad en España), exigiendo que se tengan en cuenta sus necesidades específicas, y haciendo especial hincapié en que es necesario que las víctimas de la violencia de género con discapacidad encuentren los apoyos necesarios a la hora de denunciar y salir de la situación de violencia.

El responsable del CERMI también ha pedido "reinventar el modelo de sostenimiento" de financiación del Tercer Sector de Acción Social después de que el sistema que ha funcionado durante muchos años haya dejado de estar vigente por una sentencia del Tribunal Constitucional.

LEGISLACIÓN QUE FAVOREZCA EL EMPLEO

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha incidido en la misma comisión del Senado en la necesidad de contar con una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad.

"El nuevo marco jurídico nos debe dotar de las condiciones necesarias para que seamos capaces de crear empleo para 150.000 personas con discapacidad y, de esta forma alcanzar una tasa de actividad del 50 por ciento", ha subrayado Durán.

Además, y teniendo en cuenta que en la Cámara Alta se está debatiendo la ley de contratos del sector público, el representante de Fundación ONCE también ha pedido que se consolide la "imposibilidad de concursar y de recibir subvenciones a las empresas que incumplan la cuota de reserva o las medidas alternativas", y ha propuesto que se establezca una cuota de reserva en favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social.