Foro de la Contratación Socialmente Responsable

El ayuntamiento unifica la limpieza de los mercados y las dependencias municipales

 

levante-emv.com - R.L.V. - 16.07.20

La concejala de Gestión de Recursos del Ayuntamiento de València, Luisa Notario, adelantó ayer las principales novedades del nuevo contrato de limpieza tanto de mercados como de dependencias municipales, cuya licitación se aprobará hoy en la Junta de Gobierno Local y que como principal novedad, se realizará de forma unificada y con un presupuesto de licitación que aumenta un 5,6 por ciento, rozando así los ocho millones y medio para los dos años de contrato, que se podrán prorrogar anualmente hasta en tres ocasiones.

El nuevo contrato, por tanto, engloba la limpieza tanto de los mercados como de las dependencias municipales, hasta ahora desmembrada en dos contratos distintos. Además, dispondrá dos lotes en función de la localización geográfica de los emplazamientos, dividiendo así la ciudad en las zonas norte y sur. En total serán 316 los edificios que se limpiarán ordinariamente a través de este contrato, que prevé una plantilla necesaria de 181 trabajadoras y trabajadores para diversas categorías profesionales en las que no existirá diferencia salarial entre mujeres y hombres.

Notario quiso subrayar la inclusión de las prestaciones del servicio de limpieza para las programaciones de actuaciones tanto en el Palau de la Música como en el auditorio La Mutant, así como los refuerzos de limpieza de los baños públicos de los mercados en días en que se realicen mercados extraordinarios. Además, entre las novedades, se incluye como criterio automático evaluable en la licitación el compromiso de utilizar vehículos 100 % eléctricos para el traslado de consumibles y materiales así como de maquinaria y personal.

«Para el gobierno de Joan Ribó las condiciones laborales son fundamentales y por eso este contrato mantiene cláusulas sociales y medioambientales incorporadas en el mandato anterior para los últimos contratos», explicó Notario, que se refirió a la imposibilidad de minorar unilateralmente las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario, o que el 50% de las nuevas contrataciones tendrán que ser parados de larga duración o discapacidad.