El Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, tiene como finalidad optimizar el impacto de la ejecución del gasto público que se materializa en contratos y subvenciones mejorando el bienestar social de todos los ciudadanos de Castilla y León.
Este nuevo acuerdo viene a dar cumplimiento a la Ley 4/2018, de 2 de julio, que obliga a la Administración de la Comunidad a adoptar criterios de responsabilidad social en la gestión del gasto público y a garantizar una contratación pública socialmente responsable en el marco de la LCSP.
Los recientes acontecimientos derivados de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 han dejado patente la importancia de crear estructuras económicas basadas en los ODS. En esta línea el “Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León” de 17 de junio de 2020, recoge el propósito de reforzar la responsabilidad social en el gasto público e impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso con la calidad de empleo y la incorporación laboral de personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos.
El buen hacer de la Comunidad de Castilla y León ha sido recogido como ejemplo de buenas prácticas en la guía de la Comisión Europea “Making Socially Responsible Public Procurement Work: 71 Good Practice Cases (May 2020)”
Se ofrece un estudio comparativo del nuevo Acuerdo en lo que a directrices vinculantes se refiere respecto del Acuerdo 44/2016.