Foro de la Contratación Socialmente Responsable

CASTILLA-LA MANCHA
Castilla-La Mancha estrena modelo de atención a la discapacidad en colaboración con el CERMI

eldigitalcastillalamancha.es 20.06.19

El portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha en funciones, Nacho Hernando, ha dado cuenta en rueda de prensa de los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos este acuerdo de colaboración con el movimiento asociativo de apoyo a la discapacidad.

Hernando ha explicado que el objetivo es asegurar la sostenibilidad y calidad de los recursos y mejorar la financiación para 2020 con mayor presupuesto, así como iniciar los trabajos para regular las fórmulas de concertacion social para la prestación de servicios.

A través de este convenio se trabajará conjuntamente para seguir ampliando la red de recursos y apoyos destinada a las personas con discapacidad, especialmente en el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado.

Se acuerda también iniciar los trabajos encaminados a regular las fórmulas de concertación social en Castilla-La Mancha para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la discapacidad, en consonancia con lo establecido en la Ley de Servicios Sociales y en la próxima Ley del Tercer Sector en la región.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 550.500 euros a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, para la prestación del servicio de vigilancia, seguridad y protección al Centro de Atención Especializada al Menor de Toledo (CAEM) para sus 82 usuarios y sus familiares.

Este centro, que la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha puso en marcha en 2009, presta atención integral e individualizada a menores con trastornos de salud mental no asociados a discapacidad intelectual, cuyos problemas de conducta han desbordado la capacidad de resolución y abordaje personal, familiar y de los dispositivos especializados que ofrece su entorno.

Hernando ha explicado que, debido a las características del centro, “se hace necesaria la realización de labores de vigilancia por profesionales con la adecuada especialización que garanticen la seguridad del mismo”.

El contrato tiene una duración inicial de 36 meses y abarca el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, prorrogables por 12 meses.