20minutos.es 08.11.18

El adjudicatario de este contrato ha sido el Grupo Lince, perteneciente a la Fundación Personas, que da empleo a personas con discapacidad, lo que pone de manifiesto que la apuesta de la Junta por impulsar medidas de integración laboral está dando sus frutos ya que la contratación social en la Comunidad ha posibilitado que la Junta incorporase cláusulas sociales en el 81,87 % de la contratación realizada en 2017, afectando a 2.723 contratos que ascienden a más de 600 millones de euros.

En el periodo comprendido entre finales de 2012 y finales de 2017, la Junta llevó a cabo la adjudicación de más de 2.100 contratos reservados por 30,6 millones de euros, se produjo el incremento de los centros especiales de empleo, de 190 a 209 y los trabajadores con discapacidad en estos centros pasaron en este periodo de los 3.872 a los cerca de 5.500, un 41 % más de trabajadores con discapacidad.

La Junta quiere ir más allá en beneficio de los más vulnerables y pone en marcha nuevas medidas como que las clausulas sociales primarán a las empresas que tengan en sus plantillas a trabajadores vulnerables, la inclusión de aspectos sociales en las convocatorias de ayudas y de subvenciones públicas y la prevista aprobación de unas directrices de contratación para que todas las consejerías de la Junta incluyan en contratos o convocatorias de subvenciones clausulas y medidas que fomenten la igualdad de género.

En 2012 Castilla y León ya estableció una cuota obligatoria del 6,5 % del total adjudicado reservada a contratos destinados a centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales que primaran en la adjudicación a las empresas que incorporen medidas sociales, pero ha sido en la actual legislatura cuando se ha dado un paso decisivo en esta materia con un nuevo acuerdo que ha incluido importantes novedades para incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y los colectivos más vulnerables.

Estas novedades han sido la ampliación de la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción laboral; la creación de los proyectos de inserción socio-laboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público; la puesta en marcha de un 'Banco de buenas prácticas' que servirá de asesoramiento y orientación en la aplicación de las cláusulas sociales.

Además, se elevó del 6,5 % al 6,8 % el objetivo fijado para la reserva de contratación, que ha sido superado en 2017 al alcanzar el 10,6 %.