Javier Blanco, gerente del Foro de Contratación Socialmente Responsable
“La inercia de los órganos de contratación públicos es muy fuerte y no incluyen cláusulas sociales si no se genera una corriente de opinión”

Entrevista publicada en el número 132 del periódico "cermi.es semanal" 18/07/14

¿Cuál ha sido la evolución del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable desde que se creó en 2010?

El Foro nace en mayo de 2010 con el objetivo de promover las cláusulas sociales en la contratación pública, porque la Ley de Contratos del sector Público de 2007 preveía las cláusulas sociales como una posibilidad, no como algo obligatorio. Fue entonces cuando se cayó en la cuenta de que si no se fomentaba cierta presión de la sociedad civil esa posibilidad se iba a quedar en nada, porque la inercia de los órganos de contratación públicos es muy fuerte y no iban a incluir ‘motu proprio’ ninguna cláusula social si no se generaba una corriente de opinión.

¿Por qué es importante que las empresas se asocien y respalden este Foro?

El Foro nació precisamente invitando a las empresas privadas que tenían ya un recorrido en esto de la responsabilidad social para dar ejemplo a la administración pública, porque ésta siempre pretextaba, ponía muchas objeciones, que si no son legales, que son contrarias a los principios europeos de contratación, como son la transparencia, la concurrencia, la legalidad... y esas objeciones además se contestaban a nivel técnico con dictámenes de superexpertos que forman parte del Foro. Todo esto se fue desmontando, incluso la excusa de que las empresas no querían, gracias a la incorporación al Foro de muchas de ellas, no solo en la junta constitutiva, sino que inmediatamente, nada más nacer, se incorporaron casi 50 empresas.

¿Qué compromiso adquieren las empresas que entran a formar parte del Foro?

Estar a favor del movimiento de las cláusulas sociales y a favor de integrar ellas mismas a las personas con discapacidad de forma directa. No pedimos ni exigimos un certificado ni un cumplimiento, es el club de las empresas o entidades que tienen la voluntad de incorporar personas con discapacidad y cláusulas sociales.

¿Es un compromiso permanente y real el de las empresas?

Las empresas lo sienten, lo viven como parte de sus planes, están muy comprometidos como empresa y también a nivel personal, por ejemplo, en la presidencia del Foro está María Garaña, Presidenta de Microsoft Ibérica, y Juan Ignacio Entrecanales Franco como  vicepresidente... y vienen a todas las juntas.

En cuanto a los socios, va aumentando el número y ahora estamos en torno a los 85, estamos siempre rozando los 100. Son grandes empresas en general y ahora estamos a punto de incorporar al cuarto ministerio. Empezó con el de Defensa, en la junta directiva, luego el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, luego Hacienda y Administración Pública, y estamos gestionando la adhesión de dos a la vez, el de Fomento y el de Trabajo.

¿Qué supone la adhesión de un ministerio?

Es el espaldarazo del poder ejecutivo. Supone decir que aunque a nivel legislativo no salga adelante, en el ejecutivo sí lo ven bien y lo apoyan. También es difícil porque es necesario el apoyo del legislativo, pero supone un refuerzo a toda esta corriente a favor de las cláusulas sociales, que es lo que buscaba el Foro, generar corriente favorable y aplicación y desarrollo real en la Administración general del Estado.

En el ámbito local y regional ya hay importantes aportaciones en cuanto a legislación se refiere, ¿no es así?

Hay más iniciativas y más desarrollo de todo esto, porque se ve más cercano, el ciudadano está más cerca de los ayuntamientos, la política es más clara, es otra historia.

¿Se entiende la contratación pública socialmente responsable como un instrumento de política social?

Todo esto parte de considerar precisamente las cláusulas sociales como un instrumento de política social. Realmente las cláusulas sociales están consideradas en la propia Constitución como algo fundamental para desarrollar y dar concreción a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad (el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad...).

Hasta hace poco los principios rectores de la política socioeconómica eran considerados derechos de tercera categoría y ahora ha cambiado el paradigma, pero esto es a nivel muy teórico, de experto que sabe que no son derechos de tercera categoría y que el artículo 49 que dice que los poderes públicos ampararán en el disfrute de sus derechos a las personas con discapacidad, se tiene que cumplir. Se sabe de la teoría, pero en la práctica es muy difícil.

¿Cuál es ahora el principal objetivo del Foro?

Nuestro caballo de batalla es cambiar la cuestión legislativa, dejar a un lado otros obstáculos y cambiar la ley de contratos públicos en la transposición de la directiva que debe realizarse en dos años y que no deje lugar a dudas en su interpretación. Y si no se logra, hacer un acuerdo de ministros que haga obligatorias las cláusulas sociales.

Además, en el plan nacional de reformas de 2014, ahora, está pendiente la consideración de dos de las cláusulas sociales obligatorias, muy directamente relacionadas con la discapacidad: la exigencia del 2% de contratación de personas con discapacidad en las empresas con más de 50 empleados, pidiendo para ello declaración responsable, y la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo. Nosotros queremos  que vengan acompañadas por otras cláusulas que también son muy eficaces para generar empleo, o para la accesibilidad y el diseño universal.

Es un momento muy interesante por este plan nacional de reformas y porque la nueva directiva de este año 2014, que sustituye a la de 2004, que es la que introdujo todo este tema de cláusulas sociales, se tiene que trasponer en el plazo de dos años.

¿Cree que por alguno de estos caminos se logrará de alguna manera trasladar al legislativo la filosofía de la contratación responsable?

Soy muy optimista, aunque en estos tres últimos años y medio me he llevado muchas desilusiones porque ha habido muchas oportunidades para que esto se cambiara radicalmente, pero ahora soy muy optimista, creo que es una corriente imparable. La ley no es más que el reflejo de la realidad social que trata de contemplar y ordenar y al final, la ley en los territorios, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, ha cambiado, está convirtiendo esto en obligatorio, ya hay 12 territorios que lo han hecho. Se verifica la tendencia. Al final se tendrá que confirmar a nivel estatal. Nosotros apostamos por regulaciones parecidas al nivel más moderno, que es el Castilla y León o el del ayuntamiento de Barcelona.

La declaración de cumplimiento del 2% de personas con discapacidad en empresas de más de 50 empleados sólo existe en el ayuntamiento de Barcelona. Su regulación es la mejor.

¿Por qué cree que sigue habiendo una resistencia tan evidente en la Administración  central a la introducción de cláusulas sociales?

Llevo meditando sobre esto tres años y medio y aún no llego a entenderlo bien. Siempre se habla del lobby de las empresas, de la CEOE, como resistencias a las cláusulas sociales, pero no estoy muy de acuerdo. En la CEOE están muy a favor de la responsabilidad social, igual que tenemos empresas que están muy a favor de esta responsabilidad social. Creo que hay más movimiento a favor que en contra.

¿Es entonces una falta de voluntad política?

Sin duda es falta de voluntad política clarísima. Pero luego los políticos viven también en un paraíso que está por encima del bien y del mal, o en un limbo de nadie y no se atreven a hacer demasiadas cosas si no es con el respaldo absoluto de los técnicos y ahí es donde yo creo que está el verdadero problema. A nivel legislativo no lo aprueban, pero a nivel ejecutivo, los políticos están comprometidísimos. Al final es la concepción de los técnicos, de los abogados del Estado, los administradores civiles del Estado, y es una de las labores que ahora tenemos desde el Foro, la difusión entre esos niveles técnicos tan gestores, tan asesores y tan limitadores de una corriente como ésta. Pero todos ellos tienen que llegar a asumir esto por su cuenta, por ellos mismos y hacerlo propio. Toda esa corriente de discriminación positiva, de interpretación de las leyes a favor de la Constitución, tienen que verla los técnicos, tienen que creérsela, asumirla y ser sus defensores.

Por otro lado, ¿resulta tan complicado cumplir con ese 2% de contratación de personas con discapacidad en empresas de más de 50 empleados?

Ahora se baraja la cifra del 1%, es decir, se dice que se incumple un 1%, que al final significa que solamente el 16 por ciento de las empresas obligadas a ello, lo están cumpliendo, o sea que el 84 por ciento de las empresas no cumplen. Y para hacernos una idea, la legislación de referencia en Europa tiene cuotas del 4%, y no tiene el límite en las empresas de más de 50 empleados, sino en más de 25 empleados.

El problema es que del millón de personas con discapacidad en edad de trabajar solo trabajan 300.000, y hay en torno a 400.000 personas que no trabajan por las pensiones no contributivas; ésta es otra reforma que tienen que hacer y está en el plan de reformas de 2014, y es que las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad deben permitan trabajar, ser compatibles. Esto sería un paso enorme, esas pensiones son muy bajas y si trabajaran...

Los Centros Especiales de Empleo son parte importante para el Foro y para la responsabilidad corporativa de las empresas, ¿se entiende que son empresas competitivas y eficaces?

Los CEE son ahora mismo como cualquier otra empresa, solo se diferencia en que tienen un 70% de empleados con discapacidad. Esta es una de las vías de trabajo actual del Foro. Tenemos una herramienta que estaba muy dirigida inicialmente a los poderes públicos para facilitar la incorporación de cláusulas sociales y el Foro ha girado este año para dirigirse más a la empresa privada también y fomentar la compra responsable no solo en el ámbito público sino también en el privado, y para ello es fundamental las fórmulas que permitan a los CEE competir en igualdad de condiciones y presentarse a licitaciones en igualdad de condiciones.

En los CEE, al ser pequeños, surgen problemas como la cobertura, pero son cosas facilísimas de arreglar, por ejemplo con unas UTEs... ahora estamos desarrollando un microsite con Microsoft para que los CEE vean las licitaciones públicas y privadas, pero también para que todos los compradores públicos y privados puedan ver de forma transparente a los CEE, ver que dan respuesta a sus necesidades como cualquier otra entidad. Se trata sobre todo de claridad y transparencia, no hay otra cosa. Los CEE son una realidad económica y pueden hacer cualquier trabajo.

La formación era otra de las principales tareas del Foro, ¿continúan en esa línea?

Sí, también con formación a funcionarios, por ejemplo. No solo es formación organizada por nosotros sino que impartimos cursos a quienes nos lo piden, y cada vez lo hacen más, porque esto ya es un movimiento real.

Ese es el fin que dio origen al Foro, la difusión y la implantación por medio de herramientas, tipo web y contando con la tecnología de la información, y generar la cultura de la contratación a personas con discapacidad a través de CEE y por medio de empresas que cumplan con la Lismi y contraten directamente a las personas con discapacidad.

Ahora también organizamos mucho desayuno informal para contar buenas prácticas en empresas, porque ahí se desarrolla muy bien la cultura de la compra responsable, se contagia de manera más fácil y fluida en las propias empresas socias, invitando a otras empresas y otros actores.

En esta última fase estamos más volcados en los contenidos y las nuevas tecnologías. Ahora hay mucho trabajo de organización y tenemos la firme voluntad de que no haya otra cosa igual en España ni en el ámbito europeo, y realmente no hay otra cosa igual.